La Junta de Andalucía convoca ayudas para formación en asistencia a víctimas, Justicia Juvenil y mediación
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía ha convocado dos líneas de ayudas dirigidas a la formación de profesionales del ámbito jurídico en materias como asistencia a víctimas, Justicia Juvenil y mediación. El presupuesto total asciende a 36.000 euros y las solicitudes pueden presentarse hasta el próximo 30 de junio de 2025.
Estas subvenciones, recogidas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), están destinadas a asociaciones, fundaciones y entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, que desarrollen actividades formativas dentro de estas áreas. La convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva, lo que permite la concesión de ayudas siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
De la cantidad total, 18.000 euros se destinan a la formación de operadores jurídicos que trabajan en la asistencia a víctimas a través de servicios como el SAVA, así como en el ámbito de la Justicia Juvenil. Este último incluye centros y servicios donde menores infractores cumplen medidas judiciales.
Los otros 18.000 euros se dirigen a profesionales de la Abogacía y la Procura del sistema de Justicia Gratuita, mediadores, entidades de mediación y responsables de asociaciones, colegios profesionales y fundaciones. Esta línea responde al impulso que la Junta está dando a los medios alternativos de resolución de conflictos, que desde el pasado 3 de abril son obligatorios antes de presentar demandas civiles o mercantiles, en aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
En la edición anterior, recibieron estas subvenciones entidades como la Fundación Diagrama, Atenin, Avide, la Asociación Interdisciplinar de Mediación Intermedia y la Federación Española de Justicia Restaurativa.
Las solicitudes deben presentarse por vía telemática a través del registro electrónico único de la Junta de Andalucía. La Consejería tendrá un plazo máximo de tres meses para resolverlas desde su entrada en registro, y si no hay respuesta en ese periodo, el silencio administrativo se entenderá como positivo.
Las actividades formativas podrán haberse celebrado con anterioridad a la solicitud, siempre que hayan tenido lugar en 2025, o bien realizarse antes del 31 de diciembre del presente año.
