La Junta impulsará la colaboración público-privada para financiar las infraestructuras

El acuerdo del Consejo de Gobierno obliga a realizar un análisis previo del coste-beneficio de cada proyecto y a su supervisión por un equipo técnico

El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo para iniciar los trámites necesarios que permitan impulsar el uso de la colaboración público-privada como método complementario para acometer obras en materias de infraestructuras en Andalucía. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio retomará esa alternativa de financiación y gestión de infraestructuras y servicios públicos, que permitirá asumir los altos costes de las actuaciones e incrementará el ritmo inversor.

Aunque se trata de inversiones de evidente carácter público, la iniciativa público-privada se contempla como una salida viable ante las fuertes restricciones al déficit y el endeudamiento público recogidas en el Pacto de Estabilidad Presupuestaria y la reducción de los fondos de la UE, así como para responder a la demanda de los ciudadanos de más infraestructuras.

La Junta de Andalucía ya recurrió en el pasado a este sistema para afrontar varios proyectos de construcción de infraestructuras. No obstante, la ejecución de algunos de ellos fue suspendida o no se llegó a culminar por circunstancias económicas o por decisión política. En esta ocasión, el Consejo de Gobierno retoma esta fórmula al entender que la participación de empresas privadas no sólo encuentra ventajas de índole financiera para el sector público, sino que activa el tejido empresarial, permitiendo mayores niveles de emprendimiento, ya que genera un modelo en el que las dos partes, sector público y privado, actúan como socios.

Esta fórmula, que se aplica en otras comunidades autónomas y países de nuestro entorno, deberá acreditar, con carácter previo, su beneficio para el interés público, por lo que se realizará un análisis previo que determine la idoneidad del modelo en cada proyecto. Antes de su puesta en marcha será necesario, entre otros requisitos, un estudio que analice la viabilidad y sostenibilidad financiera en el tiempo del proyecto; un análisis de coste-beneficio no sólo financiero sino también de rentabilidad social y una identificación previa de los principales riesgos de esta colaboración.

Además, se creará un equipo técnico, independiente del adjudicatario de cada proyecto, que supervise todas las fases de vinculación con la empresa privada, desde la ejecución hasta la explotación. Además, tal y como es preceptivo, el artículo 25 de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2013, y en la redacción dada por la disposición final quinta de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto autonómico de 2017, dispone que “los proyectos de inversión que vayan a ejecutarse a través de fórmulas de colaboración público-privada por cualquier entidad del sector público andaluz, con anterioridad a la licitación del contrato, deberán informarse preceptivamente y con carácter vinculante por la Consejería competente en materia de Hacienda, en los términos que se establezcan reglamentariamente por decreto del Consejo de Gobierno”.

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