La Junta de Andalucía ha iniciado hoy en la provincia la andadura de su I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia con la convocatoria de la primera reunión del comité técnico interinstitucional territorial, presidida por el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Manuel Herrera.
Esta estrategia, aprobada el pasado junio en Consejo de Gobierno, refuerza las medidas orientadas a disminuir el impacto de esta situación y evitar el agravamiento en las personas ya afectadas; para ello, la Junta prevé una inversión de 1.765 millones de euros por parte del Gobierno andaluz durante el periodo 2016-2020,
Los objetivos básicos del plan se centran en facilitar el desarrollo de una existencia autónoma de la persona en su medio habitual y en condiciones de igualdad, promover el aumento de la esperanza de vida libre de enfermedades y discapacidad, reducir el impacto sobre las personas afectadas y sus cuidadoras, mejorar los mecanismos de participación ciudadana y coordinación entre los distintos sectores implicados, e impulsar la formación, la investigación y la innovación en estos ámbitos.
En líneas generales, el plan reforzará los servicios de prevención y promoción de la autonomía que actualmente lleva a cabo la Junta, especialmente en lo relativo al diseño de los itinerarios personalizados de intervención y a la asignación de profesionales para evitar el agravamiento de situaciones de dependencia moderadas. Se pretende así que las personas incluidas en esta categoría desarrollen y mantengan sus capacidades mediante intervenciones de terapia ocupacional, atención temprana, estimulación cognitiva, rehabilitación y otros apoyos. Asimismo, se seguirán fomentando los programas de educación para la salud en centros sanitarios, sociales y educativos; las medidas de incorporación o permanencia en el mercado laboral, y el impulso a la participación ciudadana a través de colectivos y asociaciones.
La elaboración del plan ha contado con las aportaciones de más de 130 profesionales y personas expertas, provenientes de más de 40 organizaciones: desde la administración autonómica andaluza a entidades locales, agentes sociales y económicos, organizaciones del ‘Tercer Sector’ y universidades. Por parte de la Junta, han participado específicamente las consejerías de Educación; Salud; Igualdad y Políticas Sociales; Empleo, Empresa y Comercio, y Fomento y Vivienda.
Impacto en la provincia
El objetivo no es sólo aquellas personas que ya tienen asignado un recurso, sino apostar por el impulso de políticas que eviten o retrasen la aparición de la dependencia a través de la red de centros de participación activa de mayores (CPAM). Para ello, en el caso de las personas mayores, las medidas se sustentarán en los 27 CPAM que funcionan en la provincia, con 93.800 asociados que realizan talleres de promoción de la autonomía personal. Las políticas de la Junta para favorecer la autonomía personal a través de la Estrategia de Envejecimiento Activo han obtenido la máxima puntuación de la Comisión Europea, lo que sitúa a Andalucía como región de referencia en este ámbito.
Por otro lado, según datos del centro de valoración de Cádiz, algo más de 100.000 personas (103.074) tienen reconocido oficialmente en la provincia (48.998 mujeres y 54.076 hombres) un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Del total de prestaciones que se dan en la provincia de Cádiz, 12.049 son económicas para el cuidado en el entorno familiar, 4.294 de ayuda a domicilio, 2.200 están referidas a unidades de día y 3.299 son de atención residencial. A ello hay que sumar los 8.379 gaditanos que acceden al Servicio Andaluz de Teleasistencia.
La inversión de la Junta en la provincia de Cádiz para todos estos programas asciende al año a 137 millones de euros. Además, el sistema cuenta con 6.100 profesionales.