La mayoría de la población considera la prostitución una forma de violencia contra las mujeres, según una encuesta del CIS

Más del 79 % cree que la prostitución vulnera la dignidad y el 93 % reclama limitar el acceso de menores a la pornografía

La percepción social sobre la prostitución y la pornografía en España se inclina de forma mayoritaria hacia posiciones críticas y abolicionistas. Así lo refleja una amplia encuesta impulsada por el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas, que analiza las actitudes de la población residente en España de 16 años o más ante estos fenómenos y su relación con la violencia contra las mujeres.

El estudio, basado en 10.019 entrevistas, concluye que casi el 69 % de las personas encuestadas considera que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, un porcentaje que se eleva hasta el 75,1 % entre las mujeres. A esta valoración se suma una percepción ampliamente compartida sobre el impacto negativo de esta práctica: el 79,1 % cree que pone en riesgo la dignidad de las personas que la ejercen y más del 75 % opina que la mayoría de las mujeres en situación de prostitución son víctimas de explotación sexual Encuesta-CIS-Anexo (1).

La encuesta también evidencia un rechazo generalizado a la normalización de la prostitución. Más de tres cuartas partes de la población sostiene que no se trata de un trabajo “como otro cualquiera” y el 79,8 % rechaza que sea una forma de ejercer la libertad sexual. Además, siete de cada diez personas encuestadas vinculan directamente la prostitución con la necesidad económica, mientras que un 41,5 % considera que muchas mujeres son forzadas a ejercerla.

En el ámbito de las actitudes sociales, el sondeo revela diferencias de género significativas. El 82 % de la población cree que pagar por mantener relaciones sexuales es un comportamiento más asociado a los hombres, percepción que también se extiende al consumo de pornografía, mientras que el ejercicio de la prostitución se identifica mayoritariamente como una realidad femenina. En el entorno personal, el 63 % afirma que le parecería mal que un hombre de su familia pagara por sexo, porcentaje que asciende al 71,1 % entre las mujeres. El rechazo es aún mayor a la hora de plantear relaciones de pareja: el 91,2 % de las mujeres asegura no estar dispuesta a mantener una relación con alguien que pague por prostitución.

La pornografía ocupa un lugar central en el análisis. El 71,6 % de la población considera que fomenta la violencia contra las mujeres y existe un consenso social muy amplio sobre la necesidad de proteger a las personas menores frente a estos contenidos. En concreto, el 93,3 % reclama limitar el acceso de menores a la pornografía, atribuyendo esta responsabilidad tanto a las familias como a los poderes públicos. Asimismo, el 95 % opina que las plataformas digitales deberían estar obligadas a eliminar el contenido sexual no consentido que se publique en ellas Encuesta-CIS-Anexo (1).

El estudio también aborda el fenómeno de las plataformas digitales de contenido sexual. Seis de cada diez personas encuestadas afirman conocer plataformas como OnlyFans o JustForFans, especialmente entre hombres y jóvenes de entre 16 y 34 años. La necesidad económica aparece como el principal motivo atribuido a la creación de contenido íntimo en estos espacios. Además, siete de cada diez personas consideran que pagar por visualizar actos sexuales en plataformas online debería entenderse como una forma de prostitución.

En cuanto a las medidas para erradicar la prostitución, la ciudadanía muestra un apoyo mayoritario a las políticas abolicionistas. Casi la mitad de las personas encuestadas considera prioritaria la educación en igualdad, sexualidad y derechos humanos desde la infancia, junto con programas sociales y económicos que faciliten la salida de la prostitución. Tres de cada diez creen eficaz sancionar a quienes pagan por sexo y a quienes se lucran con la prostitución ajena, excluyendo de castigo a las mujeres prostituidas.

De manera destacada, el 85,6 % de la población considera que castigar a quienes se lucran de la prostitución ajena contribuiría a reducir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, mientras que un 61,2 % cree que sancionar a los hombres que pagan por sexo tendría el mismo efecto. En el caso de los proxenetas, la pena de cárcel es la medida más respaldada.

En conjunto, los resultados reflejan una visión crítica y mayoritariamente contraria a la normalización tanto de la prostitución como de la pornografía. Según el Ministerio de Igualdad, esta evidencia empírica refuerza la orientación social hacia planteamientos abolicionistas y subraya la necesidad de políticas públicas basadas en la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de los derechos humanos.