La Operación Polifemo en la Sierra de Cádiz destapa un entramado de blanqueo con casi un millón de euros intervenidos

La Guardia Civil interviene cerca de un millón de euros en bienes y efectivo en la Operación Polifemo en la Sierra de Cádiz y pone a disposición judicial a seis personas vinculadas a una red de narcotráfico ya desarticulada.

La Guardia Civil ha intervenido cerca de un millón de euros en bienes, productos financieros y dinero en efectivo en el marco de la Operación Polifemo en la Sierra de Cádiz, una investigación centrada en el presunto blanqueo de capitales de una organización dedicada al tráfico de drogas. Seis personas han sido puestas a disposición judicial por su supuesta implicación en estos hechos.

La actuación, desarrollada por el Equipo de Blanqueo de Capitales de la Comandancia de Cádiz, supone la tercera fase de una investigación iniciada en 2025 contra una red asentada en la comarca serrana. El líder del grupo, identificado por las iniciales S.E.G., se encuentra actualmente en prisión por delitos de tráfico de drogas.

En esta última fase, los agentes han practicado tres registros domiciliarios simultáneos en Olvera y Setenil, además de otro en la provincia de Granada. Como resultado, han sido inmovilizados siete inmuebles valorados en 732.000 euros, bloqueados varios productos financieros —entre ellos cuentas bancarias y cooperativistas cuyo saldo está pendiente de determinar— e intervenidos 164.930 euros en efectivo.

Del total del dinero incautado, 161.910 euros fueron localizados ocultos en muebles del dormitorio de los padres del principal investigado y en cajas de zapatos guardadas en el garaje de la vivienda familiar. También se ha intervenido un vehículo agrícola y abundante documentación contable que los investigadores consideran relevante para el avance de la causa.

Según la Guardia Civil, la organización llevaba años blanqueando capital procedente del narcotráfico mediante un entramado financiero sustentado en relaciones familiares. Los bienes adquiridos, presuntamente con dinero de origen ilícito, figuraban a nombre de personas del entorno más cercano del líder, que actuaban como testaferros.

Además del principal investigado, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos otras cinco personas: sus padres, su hermana, su pareja sentimental y un primo. Todos ellos están investigados como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a organización criminal.

La Operación Polifemo deriva de actuaciones anteriores contra esta misma red. En mayo de 2025, la Guardia Civil desarrolló la denominada Operación Góngora, en la que se desarticuló una organización dedicada a la distribución de estupefacientes a media y pequeña escala en la Sierra de Cádiz. En aquella fase se desmantelaron 12 puntos de venta de droga y fueron detenidas 18 personas, nueve de las cuales ingresaron en prisión.

Durante esos registros se incautaron siete kilos de cocaína en roca, más de 700 gramos de heroína, 1,2 kilos de MDMA, 14 kilos de polen de hachís, medio kilo de cogollos de marihuana y cientos de dosis preparadas para la venta. También se intervinieron más de 75.000 euros en efectivo, teléfonos móviles, balanzas de precisión, una máquina de contar billetes y vehículos utilizados para las entregas.

Posteriormente, a mediados de enero de este año, se desarrolló una segunda fase en la que se practicaron 27 detenciones y tres registros domiciliarios. Según la investigación, algunos de los implicados utilizaban el sistema conocido como “telecoca”, consistente en la distribución de droga mediante encargos telefónicos y entrega a domicilio.

El análisis de la documentación y los efectos intervenidos en esas fases permitió a los investigadores avanzar en la vertiente económica de la causa, que ha desembocado ahora en la Operación Polifemo en la Sierra de Cádiz. La Guardia Civil sostiene que el entramado permitió canalizar y ocultar durante años los beneficios obtenidos del tráfico de drogas.

Las actuaciones continúan abiertas a la espera de determinar el saldo exacto de las cuentas bloqueadas y de analizar la documentación contable incautada. El juzgado instructor será el encargado de determinar la responsabilidad penal de los investigados y el destino final de los bienes intervenidos.