El diputado provincial Fran González ha confirmado que Diputación atenderá durante el mes de enero a las 53 personas usuarias de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Cádiz (UDP). La asistencia, consistente en el servicio de comedor para la provisión de almuerzos, se llevará a cabo en la residencia de mayores Matía Calvo que gestiona Diputación en la capital gaditana.
Esta decisión ha sido adoptada por la presidenta de Diputación, Irene García, una vez que se han analizado las opciones posibles junto a la responsable del área de Igualdad y Bienestar Social, Isabel Armario y el diputado provincial Fran González. Irene García ha mantenido conversaciones al respecto con el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Manuel Herrera, al objeto de alcanzar una solución coordinada.
Fran González considera que no podíamos mirar para otro lado, considerando que se necesitaba resolver. Con esta decisión estas personas no quedan desamparadas y se gana tiempo para encontrar la mejor alternativa.
La dirección de la residencia Matía Calvo ya está al corriente de la nueva circunstancia y acordará con los responsables de la UDP los aspectos logísticos y asistenciales que sean precisos para procurar un servicio de calidad. Ya se ha determinado la adopción de dos horarios para los almuerzos, de manera que se puedan satisfacer las necesidades de los residentes del centro de Diputación (90 personas) y los nuevos usuarios. La nueva demanda requerirá, durante enero, un refuerzo del personal de cocina, así como de ayudantes de servicios especiales y auxiliares.
Hace una semana la UDP conoció que no habían accedido a las subvenciones convocadas por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en el marco de las ayudas para fines sociales financiadas con el 0´7% del IRPF. Diputación, ante la inminente clausura del servicio a final de este año, ha resuelto asumir este compromiso social a la espera de que se estabilice la situación.
La Junta tratará de encontrar una solución definitiva
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha mantenido hoy una reunión con representantes de Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de Cádiz para conocer de primera mano la situación que han denunciado a través de los medios de comunicación sobre el cierre de su comedor.
En primer lugar, el delegado territorial del ramo, Manuel Herrera, les ha anunciado que en los próximos días el director general de Personas Mayores y Pensiones no contributivas de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Francisco José Martín, se reunirá con la entidad para hacer las pertinentes aclaraciones sobre la denegación de la subvención que solicitaron este año con cargo al 0,7% del IRPF, dado que su concesión, por concurrencia competitiva, es centralizada.
Cuestiones administrativas aparte, para la Junta, dada la decisión de la entidad de cerrar el comedor mañana sábado, lo importante era que a partir del próximo martes, ninguna persona usuaria de este servicio se quedara sin almuerzo. Así, la Junta ha recurrido a la colaboración entre administraciones, de forma que la residencia de la Diputación Provincial de Cádiz en la capital Matías Calvo se hará cargo de este servicio desde el próximo martes y prorrogable hasta dos meses.
Mientras tanto, y una vez que la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de Cádiz se reúna con el director general de Personas Mayores y Pensiones no contributivas de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, se verá cuál es el futuro de este comedor.
La Delegación Territorial quiere mostrar su satisfacción por el hecho de que las personas usuarias del citado comedor puedan seguir teniendo su servicio sin interrupción, por lo que agradece la colaboración de la Diputación Provincial. Asimismo, recuerda que siempre tiene las puertas abiertas a las entidades para tratar de buscar soluciones que redunden fundamentalmente en aquellas personas más vulnerables de la sociedad.
Subvenciones con cargo al 0,7 del IRPF
Cabe recordar que las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF han cambiado de titularidad; hasta este año era el Estado el encargado de otorgarlas a través de un reparto, una fórmula que ha cambiado con la transferencia de esta competencia a las autonomías y, en concreto, a la Junta de Andalucía, que ha optado por el modelo de concurrencia competitiva. En este sentido, la Administración andaluza considera que una subvención no es un derecho adquirido año tras año y que un proceso de convocatoria por concurrencia competitiva tiene en cuenta la calidad de los proyectos presentados.
En concreto esta convocatoria ha estado sujeta a una baremación tanto de las entidades como de los programas y proyectos presentados en base a los criterios de valoración publicados en la Orden de Bases reguladoras y en la Orden de convocatoria.
Estos criterios son para las entidades experiencia y capacidad y para los programas y proyectos de inversión: contenido técnico, objetivos, presupuesto, impacto, evaluación de las necesidades, cofinanciación, voluntariado, experiencia en al gestión de programas sociales, calidad, colaboración con las administraciones públicas, corresponsabilización en la financiación del programa o proyecto de inversión a realizar, e innovación.
El hecho de que la competencia este año haya pasado, en parte (80% para el tramo autonómico y 20% para el tramo estatal), a las comunidades autónomas ha elevado el número de solicitudes en Andalucía, tal como ha ocurrido en el resto de regiones.