Las medidas ponen el foco en el ámbito socio-laboral, con una gran incidencia en las pymes, micropymes y autónomos
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha aportado un documento de medidas, tanto generales como específicas del ámbito social y laboral, a la Comisión de Estudio del Parlamento de Andalucía sobre la recuperación económica y social a causa de la pandemia del COVID-19.
Este memorando de medidas, que ha sido ya remitido por el presidente de la comisión parlamentaria a los distintos grupos políticos, es el resultado de un trabajo de recopilación de los colegios andaluces de graduados sociales, que representan a nueve mil trescientos profesionales. Las medidas ponen el foco en el ámbito socio-laboral, con una gran incidencia en las pymes, micropymes y autónomos.
Estos operadores jurídicos proponen la reducción de plazos y procedimientos administrativos para la implantación de ayudas y medidas para la reactivación económica. “Debe primar la eficacia e inmediatez, pues las microempresas y autónomos no podrán soportar procedimientos administrativos largos y tediosos”, señala el presidente del Consejo Andaluz, José Blas Fernández Sánchez.
La reducción de IVA en los sectores imprescindibles, avales de cuotas de alquiler para emprendedores o el reintegro del 100% de tasas municipales y precios públicos a empresas que hayan mantenido el nivel de empleo alcanzado durante 6 meses, son algunas de las medidas propuestas.
En general, José Blas Fernández defiende a presencia de representantes de los graduados sociales en el Consejo Consultivo de Andalucía Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para aportar su experiencia en las materias socio-laborales que se tratan en ambos, así como la creación del cuerpo de Graduados Sociales en la Junta de Andalucía para gestionar asuntos de su especialidad: relaciones laborales, recursos humanos, tribunales y peritos judiciales.
Las propuestas de este colectivo abarcan todos los sectores productivos, con medidas como la potenciación de la formación profesional o la extensión de las pruebas PCR a los trabajadores como principal medida de prevención.
Respecto a la reactivación de la actividad judicial, insisten en la necesidad de crear nuevos Juzgados de lo Social con la dotación de recursos humanos y materiales necesarios, así como la adecuación de los juzgados existentes, implementando las medidas técnicas necesarias y adaptándolos a las medidas sanitarias exigidas para atender, tanto el colapso anterior a la crisis sanitaria, como al gran número de procedimientos que se derivará de la misma.
Del mismo modo, se reclama que los Magistrados de la Jurisdicción del Orden Social sean obligatoriamente especialistas, y no permitir más que sustitutos en casos extremos.
Potenciar el CMAC con un sistema informático propio similar a LexNet, para que se hagan más eficaces las conciliaciones “ante el rotundo fracaso de este organismo en Andalucía, dotándolo de conciliadores expertos e implantando medios telemáticos agilizar la celebración de los actos. Es decir, que las conciliaciones tengan como fin evitar el proceso judicial y no como hoy, que lo que hace es entorpecer al mismo”.
“Éstas y otras muchas propuestas son las que sometemos a la Comisión de estudio del Parlamento de Andalucía, en la confianza de que sean útiles para los acuerdos a tomar, reiterando la necesidad de nuestra en este foro y en cualquier otro en el que nuestros profesionales puedan aportar su visión experta sobre la realidad de las empresas”, sostiene el presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales.