Los graduados sociales piden dos refuerzos judiciales para Cádiz y Jerez por el atasco de lo Social

El Colegio de Cádiz y Ceuta reclama que el plan del CGPJ incorpore refuerzos judiciales para Cádiz y Jerez, donde dos plazas acumulan más de 2.600 asuntos pendientes

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la incorporación de al menos dos refuerzos judiciales para Cádiz y Jerez, uno en cada ciudad, ante la acumulación de procedimientos en la jurisdicción social. La petición, formulada el 28 de octubre, plantea que las plazas sean cubiertas por magistrados con experiencia en Derecho Laboral y Seguridad Social.

La reclamación coincide con el inicio de los trámites del programa extraordinario de apoyo anunciado por el CGPJ para las 50 plazas judiciales del orden social con mayor volumen de asuntos pendientes. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha pedido a las Salas de Gobierno de los tribunales superiores de justicia que presenten propuestas de refuerzo en un plazo de quince días.

Los datos incluidos en la iniciativa sitúan a dos plazas de Jerez de la Frontera entre las más congestionadas de la relación analizada. Las plazas número 2 y número 1 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia jerezano acumulaban, respectivamente, 2.733 y 2.698 asuntos pendientes a 30 de junio de 2026.

Ambas aparecen en tercera y cuarta posición entre las 40 plazas judiciales que tramitan ejecuciones recogidas en la documentación examinada por el CGPJ. El Colegio considera que estas cifras justifican la inclusión expresa de Jerez en el programa extraordinario de apoyo.

El Gobierno aprobó en julio la creación de una cuarta plaza de lo Social en Jerez. Los graduados sociales valoran esa ampliación como una medida necesaria, aunque sostienen que no permitirá por sí sola absorber la acumulación histórica de procedimientos en esta demarcación judicial.

En Cádiz capital, el Colegio reclama desde hace años la creación de un quinto órgano de lo Social. La corporación asegura que los retrasos afectan de manera generalizada a esta jurisdicción y señala que los profesionales han trasladado casos con juicios fijados para los años 2029 y 2030.

El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández Sánchez, considera necesario que el reparto territorial de los refuerzos tenga en cuenta la carga de trabajo existente en ambas ciudades. “Queremos que Cádiz y Jerez sean tenidas en cuenta de manera expresa”, afirmó al valorar el programa anunciado por el Poder Judicial.

Las cifras de actividad correspondientes a 2025 muestran también una carga elevada en los órganos sociales de la provincia. Según la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía citada por el Colegio, los juzgados de lo Social de Cádiz registraron ese año 3.635 asuntos, con una media de 909 por órgano judicial.

En Jerez se contabilizaron 3.750 asuntos ingresados, equivalentes a una media de 1.250 por órgano. En Algeciras, otra de las demarcaciones sobre las que los graduados sociales han advertido de problemas estructurales, la media se situó en 897 asuntos.

Los tres registros superaron la referencia orientativa de 800 asuntos anuales por órgano judicial recogida en la propia memoria del tribunal andaluz. La mayor diferencia se produjo en Jerez, con una media de 450 expedientes por encima de esa referencia.

A la entrada de procedimientos se suma el volumen de suspensiones de juicios y vistas. La jurisdicción social de Cádiz registró durante 2025 un porcentaje de suspensiones del 56%, tres puntos más que el 53% contabilizado en el ejercicio anterior. Estas suspensiones obligan a establecer nuevos señalamientos en procedimientos que ya sufren demoras.

La petición del Colegio no se limita al número de magistrados. La entidad reclama que los refuerzos sean asignados preferentemente a especialistas en el orden social o a jueces con formación y experiencia acreditadas en esta jurisdicción, por las particularidades de la normativa y de los procedimientos laborales y de Seguridad Social.

Fernández Sánchez sostiene que destinar a estos órganos jueces sin experiencia suficiente podría dificultar la tramitación y resolución de los asuntos y aumentar los recursos. A su juicio, el objetivo del programa debe ser tanto incrementar la capacidad para celebrar juicios como dictar resoluciones en plazos razonables.

Los graduados sociales también vinculan los retrasos a otras carencias de la Administración de Justicia en la provincia. Entre los problemas trasladados por los profesionales figuran la escasez de funcionarios judiciales, las dificultades para cubrir bajas y vacantes, el funcionamiento de los sistemas informáticos, las deficiencias en las instalaciones y los cambios continuos de señalamientos.