Medidas del Gobierno por la guerra en Oriente Próximo: 5.000 millones en ayudas y congelación del alquiler
Las medidas del Gobierno por la guerra en Oriente Próximo incluyen rebajas fiscales en la luz y los combustibles, apoyo a sectores como el pesquero y el agrario —con peso en la provincia de Cádiz— y una congelación temporal de los precios del alquiler.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un paquete de medidas del Gobierno por la guerra en Oriente Próximo dotado con 5.000 millones de euros para hacer frente al impacto económico del conflicto. El plan, articulado a través de dos reales decretos ley, contempla rebajas fiscales en la electricidad y los carburantes, ayudas directas a sectores afectados y la congelación temporal de los precios del alquiler.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció las decisiones tras un Consejo de Ministros extraordinario celebrado en La Moncloa. Las normas entrarán en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y deberán ser convalidadas por el Congreso de los Diputados.
Según explicó el Ejecutivo, el primero de los decretos incluye 80 medidas destinadas a proteger a 20 millones de hogares y a tres millones de empresas. El segundo establece una congelación temporal de los precios del alquiler de vivienda, similar a la aplicada en anteriores кризис.
Entre las actuaciones más relevantes figura una reducción de la fiscalidad energética. El Gobierno reducirá un 60% los impuestos sobre la electricidad, suspenderá el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y rebajará el Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5%. El IVA de la electricidad pasará del 21% al 10%, mismo tipo que se aplicará al gas natural, briquetas y pellets. También se congelará el precio máximo de la bombona de butano y del propano.
En cuanto a los combustibles, el Ejecutivo anunció una rebaja de los impuestos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea, lo que podría traducirse en una reducción de hasta 30 céntimos por litro, según el tipo de carburante.
Las medidas incluyen además la prórroga hasta final de año de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y la prohibición de cortar suministros básicos a consumidores vulnerables.
Apoyo a sectores con peso en la provincia
El decreto contempla ayudas específicas para el sector primario y el transporte, actividades con presencia destacada en la provincia de Cádiz. Se establece una ayuda de 20 céntimos por litro de combustible para transportistas, agricultores y ganaderos, así como apoyo para la compra de fertilizantes.
También se bonifican en un 80% los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, con el objetivo de reducir costes energéticos y mantener la competitividad. El Gobierno calcula que esta medida supondrá un ahorro conjunto de unos 200 millones de euros para estas empresas.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contará con mayores competencias de supervisión para evitar prácticas abusivas y garantizar que las ayudas se trasladan a consumidores y empresas.
Impulso a las energías renovables
El plan incorpora un segundo eje de carácter estructural centrado en la soberanía energética. Entre las iniciativas previstas se encuentran deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga de vehículos eléctricos y bombas de calor, así como nuevas ayudas para la climatización de edificios.
El decreto también agiliza la tramitación de proyectos de energías renovables e incrementa la capacidad de almacenamiento eléctrico, incluyendo la declaración de utilidad pública del bombeo hidroeléctrico.
Congelación del alquiler
El segundo real decreto ley aprobado establece la congelación temporal de los precios del alquiler. El presidente del Gobierno reconoció que actualmente no existe una mayoría parlamentaria asegurada para su convalidación, aunque el Ejecutivo iniciará negociaciones con los grupos políticos para intentar sacarlo adelante.
La medida se enmarca en un contexto de aumento de los precios de la vivienda y busca limitar el impacto de la crisis derivada del conflicto internacional en los hogares.
Las medidas del Gobierno por la guerra en Oriente Próximo estarán vigentes mientras persistan las circunstancias que las motivan, según indicó el Ejecutivo, que no descarta ampliarlas si la situación económica se agrava.
