El IAM y la Agencia de Protección de Datos colaborarán en la atención a mujeres cuyas imágenes o vídeos se difundan ilegítimamente
Las directoras del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Laura Fernández, y de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, han firmado un protocolo de actuación con el fin de articular la colaboración entre ambas instituciones para la mejora de la atención a las mujeres cuyos datos se hayan obtenido y difundido ilegítimamente a través de internet, en particular imágenes, vídeos o audio con datos sensibles. El protocolo, que tiene una vigencia de cuatro años con la opción de prórroga, prevé acciones de formación, información y difusión para la concienciación, prevención, detección o investigación sobre el uso inadecuado de los datos a través de internet.
A este respecto, Laura Fernández ha advertido que «a pesar de sus enormes ventajas, en el ámbito de internet y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienden a reproducirse las estructuras sociales, en las que se manifiestan las diversas formas de violencia entre o contra las mujeres, al tiempo que aparecen otras nuevas propias del entorno en línea». En esta línea, ha subrayado que «la extensión y el uso intensivo de dispositivos móviles e internet, redes sociales y servicios equivalentes, como los de mensajería instantánea o de geolocalización, han servido de cauce para la proliferación de conductas de violencia hacia la mujer, comprobándose que, en muchas ocasiones, internet, sus servicios y aplicaciones se han utilizado con la finalidad de controlar, amedrentar, acosar, humillar y chantajearlas constituyendo un instrumento cada vez más utilizado para dichos fines».
Las mujeres se ven especialmente afectadas por estos fenómenos de violencia en línea, sufriendo como consecuencia daños físicos, psicológicos y económicos. La grabación y difusión de imágenes personales es uno de los instrumentos más utilizados en los casos de acoso a la mujer -bullying y su versión a través de Internet, cyberbullying- y de acoso sexual en particular a las menores -grooming o sexting-. No en vano, un estudio reciente de Amnistía Internacional revela que una de cada cinco mujeres sufre acoso en las redes sociales en España y el 27% de las mujeres españolas asegura que vivieron amenazas de agresiones físicas o sexuales a través de estos canales.
La directora del IAM ha incidido en que «las características de las TIC han dado lugar a nuevas amenazas, con especial incidencia en las mujeres más jóvenes, derivadas, entre otras causas, de la velocidad con la que la información se difunde en este entorno, la posibilidad de acceder a la información gracias a los motores de búsqueda y las dificultades para su eliminación. La facilidad para viralizar y la perdurabilidad de la información en el entorno en línea entrañan nuevas situaciones de riesgo, como pueden ser el acceso y la divulgación sin consentimiento de información sensible, de fotografías o videos de carácter íntimo; la vigilancia y monitoreo de actividades en línea; daños a la reputación; las conductas conocidas como ‘sextorsión’ o el acoso sexual en línea».
En este contexto, es cada vez más frecuente que se publiquen en internet imágenes, vídeos o documentos privados de víctimas de violencia de género o de menores, sin su consentimiento, ni el de sus tutores legales, o que se difundan a través de las redes sociales contenidos de esa naturaleza, con intención vejatoria. La abundancia de medios y sistemas de comunicación ha propiciado, asimismo, que los mensajes potencialmente difamatorios y los que incitan al odio se difundan a gran velocidad, de forma prácticamente instantánea. Igualmente, se ha extendido el uso de aplicaciones que sirven para localizar a distancia la ubicación de un dispositivo móvil, o para activar su cámara y grabar a otra persona desde otro lugar, y así poder monitorizar y controlar a la persona que lo utiliza, en especial a las jóvenes por sus parejas.
Fernández ha subrayado que «tanto el IAM como la Agencia Española de Protección de Datos son conscientes de la gravedad y persistencia de estas conductas ilícitas, y de la perdurabilidad de los daños que ocasionan a las víctimas, al quedar expuesta su intimidad ante todos y de la necesidad de intentar contener la expansión de esas imágenes o vídeos cuando se refieran a datos especialmente sensibles a través de internet». «Es imprescindible informar, formar y concienciar de la necesidad de proteger los datos personales; y de que la difusión de datos personales en internet, como imágenes, ya sean fotografías, vídeos o audios, en algunos casos pueden llegar a constituir un ilícito penal y/o administrativo», ha explicado.
En el protocolo se recoge que ambas instituciones «desean promover una relación de colaboración, a fin de dar a conocer y difundir a las personas destinatarias de las acciones del Instituto Andaluz de la Mujer las consecuencias de este tipo de comportamientos, con el objetivo último de mejorar el grado de concienciación sobre este grave problema y de intentar contenerlo». En el documento se contemplan medidas de formación, información y difusión para la concienciación, prevención, detección o investigación sobre el uso inadecuado de los datos a través de internet.