Pedro Sánchez presenta el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción con nuevas medidas y creación de agencia independiente
El presidente del Gobierno anuncia en el Congreso un plan ambicioso elaborado con la OCDE que incluye la creación de una Agencia de Integridad Pública, protección a denunciantes y endurecimiento de sanciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles en el Congreso de los Diputados el lanzamiento de un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, una estrategia diseñada para reforzar la prevención, detección y sanción de prácticas corruptas en España. El plan, elaborado en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se estructura en cinco ejes con un total de 15 medidas concretas.
Durante su intervención, Sánchez reconoció la responsabilidad política que asume tras el caso de corrupción que afecta a dos antiguos secretarios de organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y pidió disculpas a la ciudadanía. “El culpable de los delitos es quien los comete. Y eso le corresponde a la justicia determinarlo. Pero yo, como persona que los nombró, tengo parte de responsabilidad y la asumo”, afirmó, defendiendo su compromiso de mantener una política “limpia” y asegurando que “no tirará la toalla” en la lucha contra la corrupción.
El primer eje del plan se centra en la prevención de delitos y el fortalecimiento de los controles. En este apartado destaca la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, que tendrá funciones de supervisión y persecución de prácticas corruptas. Además, se extenderá a toda la Administración del Estado la metodología anticorrupción aplicada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se incorporarán tecnologías de inteligencia artificial para detectar indicios de corrupción en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Asimismo, se exigirá a las empresas que contraten con la administración la implementación de sistemas anticorrupción, y se reforzarán los controles sobre los partidos políticos. Entre las medidas se incluyen la obligación de auditorías externas e independientes para partidos y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros, la reducción del umbral para publicar donaciones a 2.500 euros y la acortación del plazo para su publicación a un mes.
El segundo eje aborda la protección de denunciantes. Sánchez destacó que “en una democracia madura no se castiga a quien denuncia, se le protege y respalda”. Por ello, el plan propone ampliar garantías legales a quienes denuncien actos de corrupción, así como exigir a empresas y administraciones públicas la creación de canales internos de denuncia integrados en un sistema general de integridad institucional.
En el tercer eje se refuerza la capacidad del Estado para investigar y sancionar la corrupción. Se contempla la creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública en tribunales de instancia y la instauración de procedimientos sumarios para casos que involucren a cargos públicos. Se endurecerán las penas por delitos contra la administración, se duplicarán los plazos de prescripción y se aumentarán las multas a empresas corruptoras, basándolas en sus ingresos anuales. Además, se establecerá una “lista negra” que impedirá contratar con la administración a empresas condenadas por corrupción.
Los ejes cuarto y quinto del plan incluyen medidas para recuperar bienes robados por corrupción y fomentar una cultura de integridad en las administraciones públicas, la sociedad y el sector privado. Se ampliará la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y se creará la figura del decomiso administrativo para incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena previa.
Para impulsar la cultura de integridad se realizarán estudios demoscópicos, campañas de concienciación y se reforzará la formación de empleados públicos. Finalmente, se implementará un sistema de evaluación para informar sobre los avances a los 12 y 24 meses desde la activación del plan.
Pedro Sánchez concluyó su intervención asegurando que este plan permitirá superar la crisis de corrupción mediante reformas estructurales que fortalecerán la democracia y blindarán las instituciones ante la codicia.