Pensiones contributivas y no contributivas: diferencias, cuantías y requisitos para solicitarlas en 2025
El Gobierno revalorizó las pensiones contributivas un 3,8% y las no contributivas un 6,9%, garantizando el poder adquisitivo de los pensionistas y la protección de las personas con menos recursos.

Las pensiones contributivas y no contributivas son las dos principales modalidades del sistema público español de Seguridad Social, que garantizan ingresos a las personas mayores o con discapacidad, así como a sus familiares en caso de fallecimiento. En 2025, ambas prestaciones se han revalorizado para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y reducir la brecha de renta.
Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las pensiones contributivas se incrementaron un 3,8% y las no contributivas un 6,9%, lo que supone que 12 millones de pensiones y prestaciones suben este año. En conjunto, la pensión media del sistema se situó en 1.315,3 euros al mes en octubre de 2025, mientras que la pensión media de jubilación alcanzó los 1.510 euros y la de viudedad los 936,7 euros mensuales.
Las pensiones no contributivas, por su parte, han pasado a tener una cuantía anual de 7.905,80 euros, equivalente a 568,70 euros al mes en 14 pagas. Este incremento beneficia especialmente a las personas con menores ingresos y tiene un impacto directo en la reducción de la brecha de género.
¿Qué son las pensiones contributivas?
Las pensiones contributivas son prestaciones económicas que se conceden a quienes han cotizado a la Seguridad Social durante un tiempo mínimo. Su cuantía depende de las aportaciones del trabajador y de la empresa a lo largo de la vida laboral.
Entre las principales modalidades se incluyen:
- Jubilación, que puede ser ordinaria, anticipada, parcial o flexible. La jubilación ordinaria requiere al menos 15 años cotizados, de los cuales dos deben estar dentro de los 15 anteriores a la solicitud, y la edad legal está fijada en 66 años y 6 meses para quienes acrediten menos de 38 años de cotización.
- Incapacidad permanente, destinada a compensar la pérdida de ingresos de quienes no pueden seguir trabajando por enfermedad o accidente.
- Prestaciones por fallecimiento, que abarcan las pensiones de viudedad, orfandad y en favor de familiares.
La gestión de estas prestaciones corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
¿Qué son las pensiones no contributivas?
Las pensiones no contributivas garantizan una prestación económica a las personas que no han cotizado nunca o no lo suficiente, siempre que carezcan de ingresos suficientes. Existen dos modalidades: jubilación e invalidez.
Para acceder a una pensión no contributiva de jubilación, es necesario:
- Tener 65 años o más.
- Haber residido legalmente en España durante al menos 10 años entre los 16 años y la fecha de solicitud, con dos años consecutivos inmediatamente anteriores.
- No superar unos ingresos anuales de 7.905,80 euros.
En el caso de la pensión no contributiva de invalidez, los requisitos son:
- Tener entre 18 y 65 años.
- Residir en España durante al menos cinco años, los dos últimos de forma consecutiva.
- Acreditar una discapacidad igual o superior al 65%.
Estas pensiones son gestionadas por los órganos competentes de las comunidades autónomas y por el IMSERSO en Ceuta y Melilla.
Compatibilidades e incompatibilidades
Por norma general, no se pueden cobrar dos pensiones del mismo régimen a la vez. En las contributivas, solo es posible compatibilizar prestaciones de distintos regímenes (por ejemplo, régimen general y autónomos) si se cumplen los requisitos de cotización en ambos.
En las no contributivas, no se pueden percibir dos pensiones simultáneamente, ni combinar una pensión no contributiva con una de viudedad.
Sí es compatible la pensión contributiva de jubilación con el trabajo de médicos y pediatras del Sistema Nacional de Salud, que pueden continuar en activo percibiendo el 75% de su pensión tras solicitar una prórroga, medida destinada a reforzar la atención primaria.
Con estas actualizaciones, el Gobierno reafirma su compromiso con la sostenibilidad del sistema público de pensiones, la protección social de los mayores y el apoyo a las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad económica.
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