En este artículo estudiamos las distintas etapas de la evolución política de la zona controlada por los sublevados en la guerra civil española.
Al fracasar el golpe de estado y convertirse en una guerra prolongada las zonas controladas por los sublevados necesitaban establecer algún tipo de organización política y administrativa. Al respecto, se creó en el mes de julio la Junta de Defensa Nacional, con sede en Burgos y presidida por el militar de más alta graduación, el general Cabanellas. Sin embargo, el verdadero poder era ejercido por cada general: Queipo de Llano en el sur, Mola en el Norte, y Franco en África.
La sublevación militar había sido un movimiento de reacción contra la República, pero los sublevados no tenían un proyecto político alternativo bien definido. Por otro lado, los grupos civiles que apoyaron dicha sublevación, es decir, falangistas, carlistas, monárquicos, cedistas, etc, tenían proyectos políticos, pero no eran coincidentes completamente, más que en su oposición frontal a la República y a la democracia.
Estos problemas ideológicos se pueden comprobar en las primeras medidas decretadas por la Junta y dirigidas a borrar las huellas y leyes de la República en los territorios ocupados, pero que no suponían la creación de un modelo político alternativo. Lo que primó fue la represión. Se prohibieron y disolvieron los partidos políticos y sindicatos de tendencias republicanas y de izquierda. Se estableció la censura de prensa. Se destituyó a todas las autoridades políticas de la República, especialmente gobernadores civiles, alcaldes y concejales. Y se comenzó una durísima y brutal represión con detenciones masivas y ejecuciones sumarias.
El general Sanjurjo, uno de los principales protagonistas de la sublevación militar, había muerto en un accidente aéreo. Por otro lado, Queipo de Llano y Mola estaban muy ocupados y concentrados en sus respectivas zonas militares ante la resistencia republicana. Franco, en cambio, gozaba de dos claras ventajas. Estaba al frente del mejor ejército, el africano, y gozaba de mayor libertad de maniobra. Franco aprovechó sus ventajas para encumbrarse como jefe supremo del movimiento mediante hábiles maniobras políticas.
Franco consiguió que, tras la reunión de la Junta de Defensa en Salamanca, se le nombrara el 29 de septiembre de 1936, jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos. A partir de este momento comenzó una nueva etapa política en el bando sublevado. Se pasó de una dispersión de poderes a uno concentrado y unipersonal en la figura de Franco. La Junta de Defensa Nacional se convirtió en una Junta Técnica del Estado, con funciones puramente administrativas y técnicas, mientras que el poder emanaba del Cuartel General de Franco. Comenzó a funcionar un potente aparato de propaganda política de verdadero culto a la personalidad de Franco.
Las fuerzas políticas que habían apoyado la sublevación abarcaban todo el espectro ideológico de la derecha española. La CEDA se había desintegrado como organización política estructurada una vez que su objetivo de conquista del poder ya no tenía razón de ser. Los monárquicos del Bloque Nacional no contaban con grandes apoyos populares, aunque un sector de la oficialidad era monárquico. Los carlistas o tradicionalistas tenían fuerza en el norte, especialmente en Navarra y en Álava, aunque no en el resto de la zona sublevada. La Falange había pasado de ser un grupo muy minoritario a alcanzar una gran dimensión con un aumento vertiginoso de afiliados. Debemos recordar que su fundador, José Antonio Primo de Rivera, fue fusilado en noviembre de 1936. La Falange tenía un discurso populista, con tintes sociales, propio del fascismo y proporcionó una base ideológica y apoyo social a la sublevación. La Falange consiguió la movilización de muchos voluntarios para el frente y para la retaguardia. Asumió el control de la prensa y de la propaganda de la causa.
Franco era consciente de todas estas diferencias y de la necesidad de controlar bajo su mando esta diversidad con el fin de evitar conflictos, establecer la unidad para proseguir la guerra y asegurar su primacía y poder. En consecuencia, el 20 de abril de 1937 promulgó el Decreto de Unificación, por el cual se fusionaban todas las organizaciones políticas en una sola, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Este sería el único partido permitido y adquirió un papel preponderante, pero no para menoscabar el poder de Franco. Fue un paso más en la concentración del poder en sus manos; el partido sería un instrumento de su poder.
Los sectores en Falange y en el carlismo que se declararon contrarios a esta unificación al considerarla que se alejaba de los principios ideológicos puros de ambos movimientos políticos, fueron duramente reprimidos.
Por otro lado, la Iglesia Católica adquirió un claro protagonismo en el bando sublevado. El 1 de julio de 1937, Franco recibió un apoyo fundamental con la Carta Colectiva del Episcopado Español a todos los obispos del mundo, firmada por 48 obispos. En este texto la jerarquía eclesiástica explicitó su apoyo a la sublevación. La guerra era presentada como una “cruzada religiosa” en defensa de la fe católica y contra el comunismo ateo de la República.
El siguiente paso en la creación de un nuevo Estado fue la constitución del primer gobierno en enero de 1938, designado y presidido por Franco (jefe de estado y jefe de gobierno, al mismo tiempo). Se creaba, de ese modo, por primera vez, una estructura ministerial. La composición de ese gobierno reflejaba el abanico ideológico de las fuerzas que habían apoyado la sublevación: monárquicos, conservadores católicos, tradicionalistas, falangistas y militares.
Además, se fue institucionalizando el nuevo régimen. Se estaba configurando un régimen personalista, en el que Franco acaparaba todo el poder y desempeñaba los más altos cargos. El régimen se definía como nacionalsindicalista, de inspiración fascista y católica. Su programa político se basaba en los “Veintisiete Puntos” de Falange y en el Fuero del Trabajo, promulgado en marzo de 1938, inspirado en la Carta del Lavoro del fascismo italiano.