La Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) se han unido este martes para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que «reconozca» el trabajo de los agentes que se «juegan la vida en el Campo de Gibraltar luchando contra los grupos criminales de tráfico de drogas», que «inviertan dinero» en recursos humanos y materiales, y que mejoren sus condiciones salariales.
En una nota de prensa estos sindicatos policiales defienden que esta reivindicación «debe formar parte de las prioridades de Interior y Hacienda para los próximos meses y que los «elogios públicos» a las operaciones antidroga se vean «acompañados del necesario respaldo de las capacidades de colectivo de servidores públicos».
Esta petición se recoge tras el último episodio de gravedad al que se han visto expuestos los cuerpos y seguridad del Estado la madrugada del pasado domingo en el Estrecho cuando un helicópero del Servicio de Vigilancia Aduanera fue requerido para dar apoyo a una embarcación de su mismo departamento que perseguía a una narcolancha, sufriendo un accidente «por motivos que aún se desconocen» y cayendo al mar. En el siniestro murió el operador del aparato y el piloto y copiloto resultaron heridas.
«Aun con los esfuerzos de los compañeros y posteriormente de los servicios de emergia por mantenerlo con nosotros, no consiguió recuperar las constantes vitales», explica el comunicado.
De este modo, CEP, AEGC y CSIF reclaman al Gobierno la «aprobación urgente» de un «Plan Especial en materia de recursos humanos, materiales y en capacidades retributivas para los compañeros que trabajan en el Campo de Gibraltar y que se exponen a la «criminalidad organizada y peligrosidad que supone desarrollarla en el Campo de Gibraltar»
En este sentido, estos colectivos recuerdan que desde 2017 unos 150 miembros de Policía Nacional y Guardia Civil han sido «víctimas de ataques por parte de los narcos», por lo que piden que el Estado invierta dinero «no solo en el pago de las dietas de Unidades de refuerzo desplazadas desde otros puntos de la Península sino en la mejora de las condiciones salariales de los funcionarios que trabajan habitualmente allí».