Tras una reunión mantenida ayer en el Grupo parlamentario Socialista en el Congreso con representantes de la Federación de Asociaciones de Emigrantes Retornados que preside Eva Foncubierta, los diputados y senadores socialistas gaditanos van a retomar a través de iniciativas parlamentarias la presión para que el Gobierno deje de atosigar con requerimientos a este colectivo perceptor de pensiones públicas tras años muy duros de trabajos en el extranjero.
En la iniciativa cuyo contenido acordaron ayer en el encuentro mantenido, se insta al Gobierno a que cumpla en todos sus términos con el acuerdo del Congreso de los Diputados, en la Comisión de Hacienda y Función Pública, en sesión celebrada en junio de 2017, sobre medidas que afectan a los emigrantes retornados que son perceptores de pensiones públicas del extranjero. De esta forma, el objetivo fundamental es que el Ejecutivo de Rajoy paralice los requerimientos que se están haciendo a los emigrantes retornados con pensiones públicas del extranjero hasta que no se cumpla con el citado acuerdo parlamentario. Y de manera más concreta, los socialistas gaditanos exigen que se establezca con carácter de urgencia un procedimiento de homologación de las pensiones del extranjero con las pensiones de la Seguridad Social para que las que sean por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez que están exentas del IRPF, se excluyan de cualquier requerimiento que se hiciese a efectos fiscales”.
La presidenta de la Federación ha recordado que el colectivo de emigrantes retornados sigue sufriendo una enorme discriminación fiscal en este país desde que en 2013, decenas de miles de inmigrantes retornados comenzaran a recibir una comunicación, por parte de la Agencia Tributaria, en la que se les informaba de la apertura de un expediente relacionado con las pensiones que venían percibiendo del extranjero, fruto del cual se les reclamaba diversa información y se les notificaba una posible sanción derivada de no haber declarado, en su día, la renta percibida.
Foncubierta ha explicado que “las notificaciones llegaron incluso a familiares de emigrantes fallecidos” y ha recalcado que “todos los afectados eran personas mayores que emigraron al extranjero durante las décadas de los años 50,60 y 70, a veces, personas con escasos conocimientos fiscales, pero muchos de ellos se preocuparon por aclarar su situación ante la Administración”.
“Los emigrantes retomados no comprendieron el enorme perjuicio que les provocaba tener que regularizar los años no prescritos, puesto que nunca había habido por su parte voluntad de defraudar. No existió culpa, ni siquiera mera negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por cuanto que, hasta entonces, la Administración Tributaria nunca les había exigido que tributasen por esas pensiones”, ha reiterado.
Frente a este atosigamiento injusto, los diputados y senadores socialistas critican que “mientras los beneficiarios de la amnistía fiscal pudieron recibir un continuo asesoramiento del gobierno, que les permitió regularizar su fiscalidad con un gravamen muy bajo, sin sanciones y sin intereses de demora, los emigrantes retornados, que no quisieron defraudar, recibían poca o ninguna información y se veían obligados a pagar el gravamen que les correspondía, más intereses de demora, sanciones y recargos”.
A pesar de que el Ministerio de Hacienda tuvo que rectificar por la presión ejercida por el colectivo y a la que se sumó el PSOE, y aunque se abrió un plazo de regularización de seis meses durante la primera mitad de 2015, no ha acabado de solventarse el problema, pues la Agencia Tributaria continúa exigiéndoles que tributen con carácter retroactivo, por los ejercicios no prescritos cuando se iniciaron los procedimientos, es decir de 2008 a 2012.
Es en este contexto donde los socialistas comparten que “la regularización de la situación tributaria de las personas retornadas se tendría que hacer de oficio y no a instancias de ellas, puesto que podía suceder que muchas no accedieran a este trámite por sus propias dificultades de movilidad, recursos, etc”. Y así aseguran que lo demuestran las cifras, pues los resultados de esta regularización recogen que de los 850.000 pensionistas retornados afectados, solo 160.000 emigrantes se acogieron a la regularización (20%), y la AEAT recaudó 309 millones de euros de las sanciones e intereses de demora que impusieron a los emigrantes retornados con anterioridad y que debían ser devueltos. “Se han reintegrado sólo 13 millones de los 20 millones que habían recaudado”, según apuntan desde el colectivo.
Desde el PSOE de Cádiz, diputados y senadores se lamentan de que “en estos momentos está volviendo a surgir el problema de años atrás y el Gobierno está volviendo al acoso fiscal a los emigrantes retornados con pensiones del extranjero” y en este sentido, rechazan la nueva oleada de requerimientos a los emigrantes retornados que está llevando a cabo la AEAT para que declaren sus pensiones del extranjero.
En último término, los socialistas llaman la atención también sobre el hecho de que “estos nuevos requerimientos no tienen en consideración las posibles pensiones públicas del extranjero que pueden y deben ser homologadas con la pensiones de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez que es una renta exenta del IRPF, conforme a los establecido en el artículo 7 de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, que regula el IRPF”.
“La mayor parte de las personas afectadas no tienen reconocidas en España sus incapacidades, lo que perjudica gravemente su situación comparativa ante la Hacienda Pública, por las exenciones de las que no disfrutan. Los emigrantes retornados que perciben pensiones públicas del extranjero no pueden aplicarse directamente la exención en su declaración del IRPF y se ven obligados a tributar y a presentar con posterioridad una solicitud de rectificación de su autoliquidación alegando el carácter de invalidez total de su pensión”, detalla Eva Foncubierta que aclara que “en el escrito de rectificación deben solicitar la consideración de la pensión que cobran del extranjero como de invalidez absoluta, por lo que estaría exenta de tributar y no debería haberse incluido en la declaración, solicitando por tanto la rectificación de su liquidación”. Pero, para resolver estas solicitudes, la Agencia Tributaria requiere al INSS un informe pericial sobre la correspondencia del grado de incapacidad laboral causa de la prestación económica, para ver si es una invalidez total con derecho a exención y en caso positivo, se resuelve la rectificación de la declaración con la devolución y pago de intereses de demora. Un trámite que, a juicio de la presidenta del colectivo, viene desarrollándose de forma especialmente lenta, con el consiguiente perjuicio para los emigrantes retornados.