Sindicatos de Inquilinas de Cádiz, COESPE y la PAH reclaman medidas estructurales frente a la crisis de vivienda tras el rechazo parlamentario a la moratoria de desahucios, que reactiva miles de procedimientos y agrava la situación de inquilinos y pensionistas
Los Sindicatos de Inquilinas de Cádiz, junto a la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), han reclamado la adopción de medidas urgentes y estructurales para frenar la crisis de vivienda tras la caída de la moratoria de desahucios en el Congreso. Las organizaciones alertan de que la decisión permitirá la reactivación de unos 70.000 desahucios en toda España, más de 800 de ellos en la provincia de Cádiz, la mayoría vinculados a impagos de alquiler.
Las entidades explican que la moratoria fue rechazada el pasado jueves 26 de febrero por una mayoría parlamentaria formada por PP, Vox y Junts per Catalunya, lo que supone, por segunda vez, el levantamiento de una medida que había paralizado temporalmente miles de procedimientos. A su juicio, esta decisión tendrá un impacto inmediato sobre familias vulnerables y personas en riesgo de exclusión residencial, en un contexto marcado por el encarecimiento sostenido del alquiler.
Según los colectivos firmantes, la moratoria de desahucios ya era insuficiente antes de su caída. Durante su vigencia, aseguran que solo llegó a cubrir alrededor del 25% de los desahucios ejecutados en los últimos años, lo que deja fuera a una parte importante de las personas afectadas. Por este motivo, insisten en que el problema no puede abordarse únicamente con medidas temporales y reclaman soluciones de mayor alcance que actúen sobre las causas estructurales de la crisis de vivienda.
A esta situación se suma la finalización prevista de más de medio millón de contratos de alquiler a lo largo de este año en todo el país, en un escenario de subida generalizada de precios. En la provincia de Cádiz, los colectivos calculan que cerca de 15.000 familias se verán afectadas por la extinción de contratos, lo que puede derivar en un aumento de los denominados desahucios invisibles, vinculados a la imposibilidad de asumir las nuevas rentas exigidas por los propietarios.
Los datos aportados por las organizaciones señalan que el precio del alquiler ha aumentado de media un 40% en los últimos cinco años, mientras que los salarios solo lo han hecho en torno a un 20%. Esta brecha, sostienen, dificulta el acceso a una vivienda tanto para jóvenes como para personas mayores. En este contexto, también alertan de que más de un millón de usuarios del bono social podrían perder el acceso a suministros básicos como la luz, el agua o la calefacción tras la caída del denominado Escudo Social.
El comunicado conjunto rechaza lo que califican como un intento de enfrentar a inquilinos con pensionistas. Las organizaciones recuerdan que el coste de una plaza en una residencia privada alcanza actualmente una media de 2.200 euros mensuales, en un sector donde el 75% de las camas, unas 300.000 en todo el país, son de gestión privada. Frente a estos precios, subrayan que la pensión media es inferior a los 1.400 euros y que cerca de cuatro millones de pensionistas perciben menos de 1.000 euros al mes, incluyendo a casi medio millón de personas con pensiones no contributivas por debajo de los 600 euros, en su mayoría mujeres.
En respuesta a la situación, el movimiento por la vivienda y el movimiento pensionista han impulsado movilizaciones en distintas ciudades. Tras la primera caída del Escudo Social, se convocaron concentraciones de urgencia el pasado 28 de enero, a las que siguieron una veintena de protestas los días 21, 22 y 23 de febrero. En Cádiz, una de estas movilizaciones tuvo lugar el 23 de febrero en la plaza de San Juan de Dios y concluyó frente a la sede del PP, señalando a esta formación como responsable político de la situación y de las muertes recientes de personas sin hogar en la ciudad.
Los colectivos no descartan nuevas convocatorias en las próximas semanas y defienden la necesidad de una confluencia de luchas sociales. A su juicio, la crisis de vivienda y las dificultades para garantizar una vejez digna responden a una misma lógica de mercantilización de derechos básicos. Insisten en que no se trata de un conflicto generacional, sino de un problema estructural que afecta tanto a quienes intentan acceder a una vivienda como a quienes no pueden sostener económicamente su etapa de jubilación.
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