Las nuevas bases ofrecen mayor transparencia sobre los criterios de valoración e incluyen por primera vez ayudas específicas a programas para mujeres gitanas o con discapacidad
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado las nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables ante la violencia de género por parte del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Estas nuevas bases establecen que se financiará el 100% del coste solicitado de cada proyecto con un presupuesto de entre 20.000 y 50.000 euros, además de incluir nuevos programas, mayor transparencia y simplificación administrativa.
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha destacado que «la aprobación de estas nuevas bases reguladoras es una promesa cumplida a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan con las mujeres en riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables a la violencia de género. Hace unos meses adquirimos el compromiso de elaborar unas bases claras, más transparentes, que atendieran las necesidades reales de todas estas entidades y dieran solución a los problemas que se han ido desarrollando en la presentación de las solicitudes. Y hoy cumplimos con la fuerza de los hechos y no solo con las palabras«.
Rocío Ruiz ha explicado que «los cambios normativos producidos en los últimos años y la gran experiencia acumulada en la aplicación de las mismas, aconsejan una actualización de las bases reguladoras con el fin de tener una mayor incidencia social y una mayor distribución de los fondos con el objetivo de llegar a un mayor número de mujeres en riesgo de exclusión. Igualmente, con la presente Orden se incluye un desglose en los criterios de valoración en aras de una mayor transparencia, al igual que se dan soluciones a problemas detectados en la presentación de las solicitudes, como la reformulación de las mismas o el prorrateo de los gastos«.
A este respecto, la consejera ha recordado que el proyecto de orden por la que se aprueban estas bases ha estado en consulta previa con el fin de recopilar las opiniones y observaciones tanto de las entidades como de la ciudadanía.
Además, la responsable de las políticas de Igualdad en Andalucía ha avanzado que la financiación completa de los proyectos correrá a cargo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. «Este colectivo de mujeres se considera especialmente vulnerable ante la situación de violencia de género y, por ello, el Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo de dicho Pacto se antoja un instrumento normativo indispensable para canalizar las ayudas recogidas bajo el paraguas de las presentes bases reguladoras».
Asimismo, con el propósito de lograr una mayor simplificación administrativa y de facilitar la solicitud a las entidades, se establece la obligatoriedad para los colectivos solicitantes de relacionarse con la Administración utilizando solo medios electrónicos.
Nuevas líneas subvencionables
En concreto, en el cuadro resumen de las bases reguladoras de subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva, se recoge que se dirige a entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables ante la violencia de género y se establece que se subvencionarán programas que tengan como objetivo la asistencia, atención y acogida de manera exclusiva a mujeres en situación de riesgo de exclusión social con la finalidad de favorecer la prevención contra la violencia de género dada su especial vulnerabilidad y en aplicación de las medidas que se contemplan en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Tendrán tal condición los programas para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, programas para mujeres ex reclusas, programas para mujeres migrantes con exclusión social, programas para mujeres gitanas con exclusión social, programas para mujeres con discapacidad y exclusión social y programas para mujeres en otra situación de exclusión social.
Las iniciativas dirigidas a mujer gitanas y con discapacidad son dos líneas de ayudas que se recogen por primera vez en las bases. En cada convocatoria se establecerán las líneas que se convocan y cuales tendrán carácter preferentes. Las entidades tendrán dos meses para la justificación del pago desde la finalización del plazo de ejecución.
En el texto también se observa que serán subvencionables los gastos de personal, de material que estén directamente vinculados con la subvención, costes indirectos u otros gastos relacionados con la ejecución del proyecto que se deberán especificar y justificar. Además, se refleja que no se financiarán los gastos de protocolo, como comidas y regalos, de inversión o de tributos, entre otros.
En las bases se indica que los proyectos podrán obtener un máximo total de 100 puntos, hasta 30 serán por la valoración de la entidad y los 70 restantes por el programa presentado. En la primera parte se tendrá en cuenta la experiencia de la entidad, el ámbito geográfico de actuación y el número de personas y/o entidades afiliadas, la continuidad de los proyectos, la integración laboral de las mujeres y la paridad de la junta directiva o patronato de la entidad solicitante. Mientras tanto, en la valoración del proyecto se atenderá al impacto del mismo en la mejora de la situación socioeconómica del colectivo al que van dirigidas las ayudas, valorándose aspectos como el número de plazas residenciales, si hay algún tipo de restricción o si las mujeres pueden estar con sus hijas y/o hijos. También se observará la calidad técnica, el colectivo al que va dirigido, el ámbito territorial del programa e indicadores de calidad y transparencia.
La consejera de Igualdad ha insistido en que «la elaboración de estas nuevas bases se han fundamentado en los principios de necesidad y eficacia siguiendo la legislación actual. Hemos buscado proteger las necesidades sociales de un colectivo vulnerable como son las mujeres en riesgo de exclusión social, así como adecuar y simplificar la tramitación administrativa».