“Marcamos un hito, un punto de partida desde el que mirar siempre hacia delante e ir a más, nunca a menos. Con esta ley se abordan retos complejos en un momento difícil para nuestra sociedad”, ha expresado la vicepresidenta
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha celebrado hoy la aprobación de la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España en el Congreso de los Diputados. El texto, que llega en un momento clave para activar las palancas de recuperación económica, establece los objetivos para alcanzar la plena descarbonización de la economía antes de 2050.
Para la vicepresidenta, la ley aprobada hoy por la Cámara Baja es un documento “imprescindible” que había sido postergado demasiado tiempo. “Marcamos un hito, un punto de partida desde el que mirar siempre hacia delante e ir a más, nunca a menos. Con esta ley se abordan retos complejos en un momento difícil para nuestra sociedad”.
UN TEXTO ENRIQUECIDO Y REFORZADO
Ribera ha hecho énfasis en el intenso trabajo que todos los grupos parlamentarios han venido realizando y que da muestras del grado de implicación e interés que la ley ha suscitado. Tras haber pasado por el Congreso y el Senado, las enmiendas realizadas han enriquecido y reforzado el texto. La ley de Cambio Climático y Transición Energética contempla una primera revisión al alza de sus objetivos en 2023. En este sentido, Ribera emplazó a los grupos a “apoyar la ambición climática que persigue el Gobierno y a seguir trabajando en la suma de consensos”.
Los impactos del cambio climático son ya patentes en nuestro país: la tormenta Gloria que azotó el litoral español y la borrasca Filomena que el pasado enero inmovilizó gran parte del país, son solo dos fenómenos que muestran la contundencia de los efectos de la alteración climática. Los eventos meteorológicos extremos de este tipo suponen para nuestro país una media de casi 700 vidas y 900 millones de euros al año. Por ello, la vicepresidenta ha insistido en la urgencia de transformar nuestro modelo de desarrollo y nuestra forma de vida, integrando criterios de sostenibilidad y resiliencia.
MODERNIZAR LA ECONOMÍA
En los últimos dos años España ha avanzado más que nunca en la asunción de compromisos climáticos, liderazgo internacional y desarrollo de políticas públicas. Sin embargo, Ribera ha señalado que “hace falta más ambición para atajar el camino hacia la plena descarbonización, sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, modernizar la economía y transformar los modelos de producción y de consumo, adaptarse a los impactos climáticos y realizar estos cambios sin olvidar a ningún territorio ni a ninguna persona”.
En ese sentido, la vicepresidenta ha destacado que este proyecto constituye un primer paso para articular el resto de políticas y medidas, y orientar así el proceso de recuperación hacia un modelo de prosperidad duradero y respetuoso con los límites del planeta.
En su intervención, Ribera ha expresado que esta ley es “de todos y para todos”, y ha querido dirigirse especialmente a los jóvenes que son al mismo tiempo “cómplices y voz de la conciencia en cuanto a los avances en la lucha contra el cambio climático”. La vicepresidenta ha recordado que en la lucha contra el cambio climático “hace falta la audacia de la juventud para anticiparnos y aprovechar el mundo de oportunidades que abren las tecnologías del futuro”.
COMPROMISO CON LA DESCARBONIZACIÓN
El compromiso de España con la descarbonización queda reflejado en los objetivos de reducción de emisiones en sectores difusos (movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura) que, con una reducción del 39%, está 13 puntos por encima de la meta del 26% fijada por la Unión Europea.
Por otro lado, mientras la UE establece una penetración de renovables entre un 38% y un 40% en el consumo final de energía para 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece para España un 42%. En lo tocante a eficiencia energética, Europa considera necesario un aumento de entre el 36 y el 37% para 2030, mientras que el objetivo español se sitúa en el 39,5%.