Eva Bravo Barco
Diputada del PSOE y Portavoz socialista en la Comisión de Vivienda del Congreso
Asistimos en estos momentos a un debate público en torno al problema de las ocupaciones ilegales de viviendas. A este respecto, me gustaría aclarar, como portavoz de vivienda del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, algunas cuestiones de interés en relación con la propuesta de Ciudadanos para modificar la ley que regula el procedimiento de desahucio en estos casos.
En primer lugar, me gustaría referirme al hecho de que el proceso legalmente establecido para ejecutar un desahucio de viviendas ocupadas ilegalmente en España es rápido. En concreto, la ley 5/2018 estableció que el plazo para proceder al desahucio de una vivienda ocupada ilegalmente es de 5 días. Es cierto que, a causa del atasco que algunos tribunales y juzgados padecen, este plazo en ocasiones se alarga. Pero, de entrada, hay que decir que la ley establece un procedimiento rápido.
Por eso, me resulta curioso que Ciudadanos esté centrando el debate de las ocupaciones ilegales hablando tan solo del plazo. Concretamente, proponen acortar ese plazo de 5 días a 48 horas, sin procedimiento judicial y sin audiencia de las partes, y como consecuencia, sin la seguridad ni garantía jurídicas necesarias para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva, tal y como mandata nuestra Constitución. Dice Ciudadanos que dicho proceso judicial deberá ventilarse a posteriori, tras el desahucio. Esto es una novedad jurídica que parece colisionar frontalmente con nuestro sistema de garantías procesales. No discuto que la propuesta puede ser incluso bien intencionada, pero debemos admitir que esto generaría nuevos conflictos y posibles fraudes. Imaginemos que el verdadero propietario simplemente está ausente y no le da tiempo a presentar su mejor título jurídico a poseer la vivienda: podría verse desposeído de su vivienda injustamente a consecuencia de un procedimiento con tan escasas garantías judiciales.
Por otro lado, es importante señalar que la propia ley 5/2018 establece, en previsión de que el ocupante ilegal se encontrara en situación de vulnerabilidad social, la obligación de trasladar a los servicios públicos competentes comunicación sobre la situación del mismo, por si procediera su actuación en orden a proporcionar una alternativa habitacional, respetando siempre -obviamente- el listado ya existente de demandantes de viviendas y los criterios objetivos de adjudicación de viviendas sociales establecidos por los servicios sociales. Por ello, si se acortara el plazo de 5 días a 48 horas, tal y como propone Ciudadanos, el margen de actuación de los servicios sociales sería escasísimo. Dicho en otras palabras, parece improbable que en 48 horas ningún Ayuntamiento, ni ninguna Administración pública esté en condiciones de proporcionar esta alternativa habitacional, si es que el desahuciado tuviera opción a ella según los criterios y necesidades de los servicios sociales competentes.
Pero estas son críticas de tipo técnico que en realidad no nos llevan al fondo del verdadero problema. El debate real es otro. Mi principal inquietud ante esta propuesta de Ciudadanos consiste en que se centra en el plazo. Y nada más.
Pero la solución a este problema no se conseguirá preparando la enésima norma pluscuamperfecta que permita una mejora técnica del proceso de desahucio para garantizar la posesión pacífica del legítimo propietario de una vivienda ocupada. Esto ya se ha intentado antes de mil maneras y formas distintas. Así no arreglaremos el problema. Quizás consigamos, no digo que no, mejorar algún aspecto técnico, y ayudemos a contribuir a una mejora del proceso. Pero el problema de la ocupación ilegal no se resuelve con más leyes. Las leyes que ya hay son rápidas. Deberíamos centrarnos en la verdadera causa de la ocupación ilegal, y atacar así las raíces del problema. Y, en mi opinión, el problema se resuelve acabando con la pobreza y ampliando el parque público de vivienda. Es así como resolveremos el problema de las ocupaciones ilegales.
Y esta es la línea política que está siguiendo el Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, el Gobierno de izquierdas combate la verdadera causa de la ocupación ilegal, que es la pobreza, subiendo el Salario Mínimo Interprofesional, aprobando la renta mínima, y construyendo un Estado del Bienestar fuerte para que todos los ciudadanos estén en igualdad de oportunidades para ejercer su derecho a acceder a una vivienda digna.
Por otra parte, quiero destacar que es este Gobierno quien ha apostado de forma decidida por ampliar el parque público de vivienda. En este sentido, debo recordar el Plan 20.000 anunciado por el ministro Ábalos para ampliar dicho parque. Esta es la dirección correcta, y no la ofrecida por la derecha en la anterior crisis de 2008, cuando malvendieron las viviendas públicas sociales a los fondos especulativos.
Por cierto, aprovecho para recordar que fueron las políticas ‘austericidas’ de la derecha las que generaron una desigualdad que abocó a muchos ciudadanos españoles a la pobreza. Fueron muchos los ciudadanos que perdieron sus viviendas a causa de aquella crisis y de aquellas políticas de la derecha. En otras palabras, fueron ellos quienes, con sus políticas, generaron el desastre social que es una de las causas de la ocupación ilegal. Por ello, debemos insistir, la solución es más vivienda pública y más igualdad de oportunidades.
Para concluir, quiero dejar claro, desde ya, que el PSOE respeta el derecho a la propiedad privada y lucha incansablemente contra las ocupaciones ilegales de viviendas. Dichas ocupaciones son delitos que no deben recibir ningún amparo. Va en nuestro ADN el respeto a la propiedad privada.
Pero también está en nuestro ADN realizar el ejercicio de empatía necesario para comprender las raíces del problema y buscar una alternativa habitacional a las familias que están en una situación de extrema vulnerabilidad. Porque nuestra misión, como políticos, no debería consistir tan solo en proponer que se acorte en 3 días el plazo de los desahucios de dichas ocupaciones, sino impedir que dichas ocupaciones se produzcan, atacando la raíz del problema, que como ha quedado dicho, es la pobreza y la necesidad.
Nuestro plan, y me repito, es recuperar el parque público de viviendas que la derecha entregó a los fondos especulativos, al tiempo que establecemos una amplia red de cobertura social para las personas que están en situación vulnerable, especialmente a consecuencia de la crisis derivada de la pandemia. A diferencia de lo que se hizo en 2008, esta vez el Gobierno se centra en rescatar a las personas, y por eso hemos subido el salario mínimo, hemos aprobado el ingreso mínimo vital, y por eso vamos a construir y propiciar la construcción de viviendas de carácter social.
Por ello, creo que Ciudadanos haría mejor en aportar soluciones que vayan en esta línea y que podamos incorporar a los Presupuestos Generales del Estado, en vez de proponer medidas electoralistas como la que aquí hemos analizado.
En conclusión, la solución pasaría por cumplimiento de la ley, menos desigualdad y más viviendas.