Eva Bravo Barco – Diputada del PSOE en el Congreso
Vivimos tiempos excepcionales, complejos y difíciles. Las primeras líneas de esta tribuna de opinión quiero dedicarlas a las familias que han perdido a algún ser querido y a los enfermos que en estos momentos luchan por recuperarse. Sé en primera persona, como millones de familias españolas, lo duro que es lidiar con esta enfermedad, y ver a seres queridos y amigos sufrir por ella. Estamos sufriendo la virulencia de esta dura pandemia, pero reconforta saber que este duro trance lo superaremos juntos y unidos, cada uno en su puesto, y dándolo todo.
La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus ha unido al país en este combate contra la enfermedad. España es un país enormemente responsable, y la ciudadanía está respondiendo de forma ejemplar, respetando el confinamiento domiciliario, y cumpliendo de forma muy notable con las restricciones de movilidad impuestas por el Estado de Alarma decretado por el Gobierno. La ciudadanía se ha coordinado de forma ejemplar en este esfuerzo nacional para detener la pandemia. Las distintas Administraciones Públicas y sus instituciones -cada una gobernada por partidos diferentes- también despliegan de forma coordinada toda su capacidad para combatirla.
Pero este esfuerzo colectivo no solo lo vamos a realizar coordinados y unidos. También lo vamos a realizar de forma solidaria. El Gobierno de España ha articulado, y va a articular, toda una serie de medidas que minimizarán el enorme impacto económico y social que la pandemia ha provocado en nuestra economía. No hay ninguna duda en que la crisis sanitaria es lo más importante y urgente. Pero al mismo tiempo que trabajamos para resolver la crisis sanitaria, no debemos olvidar la situación social y económica que las familias están soportando.
Como portavoz de vivienda del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso quisiera resaltar las excepcionales medidas que el Gobierno de España ha aprobado en materia hipotecaria y con ocasión de esta crisis sanitaria. En efecto, el apoyo a los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad ha sido una de las principales medidas establecidas por el ‘Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19’.
Tal y como establece la exposición de motivos de este Real Decreto, no dejaremos atrás a nadie que realmente lo necesite: “La atención de todas las personas en condiciones de vulnerabilidad es una de las prioridades estratégicas del Gobierno y en las actuales circunstancias deben ser un colectivo especialmente protegido […]. Por ello es de especial importancia garantizar el derecho a la vivienda a los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducir sus ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. […] La experiencia acumulada tras la crisis financiera de 2008 aconseja ampliar significativamente la protección a este colectivo para que puedan acceder a una moratoria en el pago de sus hipotecas y evitar la pérdida de sus viviendas”.
Es por ello por lo que el Real Decreto-ley establece que las personas que estén en situación de vulnerabilidad podrán solicitar del acreedor una moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual. Durante el periodo de vigencia de la moratoria la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje. Tampoco se devengarán intereses. Como pueden ver, es una importante ayuda que aliviará la carga que soportan las familias más vulnerables en estos tiempos difíciles. La solicitud debe dirigirse a la entidad acreedora y ésta deberá tramitarla y comunicarla al Banco de España.
No puedo dejar de insistir en el carácter solidario de esta medida, que beneficiará a un gran conjunto de colectivos vulnerables: 1.- al trabajador que se haya quedado en paro; 2.- al empresario o autónomo que haya sufrido una caída sustancial en sus ingresos; 3.- a las familias que hayan visto mermados sus ingresos globales, especialmente si tienen mayores, discapacitados o hijos a su cargo, con una especial bonificación para las familias monoparentales; 4.- a las familias cuya cuota hipotecaria, más los gastos y los suministros básicos, resulte igual o superior al 35% de los ingresos de la unidad familiar; 5.- y también a las unidades familiares que hayan sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.
Paliar la situación de los más vulnerables en momentos de crisis es parte del ADN socialista. Pero si además estas ayudas se realizan en materia de vivienda, cumplimos con el mandato establecido en el artículo 47 de la Constitución que establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.
Para concluir, quisiera volver a resaltar que el Gobierno trabaja en esta complicada situación para ayudar a quienes más lo necesitan. Y aunque este Real Decreto-ley solo establece medidas en beneficio de los deudores hipotecarios, debo añadir que se está preparando en este momento otro real decreto parecido que ayude también a los arrendatarios. El derecho a una vivienda digna es un derecho constitucional. Y el gobierno va a hacer lo que sea necesario para que pasemos esta crisis juntos, unidos, y también, por supuesto, de forma solidaria y sin dejar atrás a los colectivos más vulnerables. Éste es nuestro compromiso, que nace de nuestra ideología, y que responde -convencida estoy- al sentimiento solidario de la inmensa mayoría de los españoles y españolas. Somos una de las naciones más solidarias del mundo, y vamos a volver a demostrarlo. Superaremos esta crisis y lo haremos unidos. No lo dudéis: juntos y unidos. Qué nadie os convenza de lo contrario.