Una estafa bancaria por SMS deja 43 detenidos y un registro en Cádiz

La Policía Nacional atribuye a la red 134 fraudes por más de 1,14 millones de euros mediante una estafa bancaria por SMS dirigida principalmente a mayores de 65 años

La Policía Nacional ha detenido a 43 personas en una operación contra una estafa bancaria por SMS que habría causado pérdidas superiores a 1,14 millones de euros a más de 130 víctimas. La investigación, desarrollada en varias fases, ha incluido tres registros, dos en Madrid y uno en Cádiz, y continúa abierta.

A los arrestados se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales. Además de las 43 detenciones, otras 13 personas han declarado como investigadas sin ser arrestadas y el procedimiento suma un total de 95 imputados en distintos puntos de España, según la información difundida el 12 de noviembre por la Policía Nacional.

Los agentes dan por esclarecidos 134 hechos delictivos. La última fase de la operación concluyó en octubre con los registros practicados en Madrid y Cádiz, dentro de una investigación iniciada un año antes al detectarse una aplicación privada de mensajería utilizada para organizar las campañas fraudulentas.

Los investigados se distribuían presuntamente en grupos y canales de esa aplicación mediante identidades ficticias. Cada participante asumía una función concreta y trataba de mantenerse en el anonimato para dificultar su identificación. La persona que creaba cada grupo solía dirigir la campaña e incorporaba a colaboradores de confianza para cubrir las tareas técnicas, contactar con las víctimas y mover el dinero.

El fraude comenzaba con el envío masivo de mensajes de texto a clientes de entidades bancarias, seleccionados después de analizar sus perfiles. Las víctimas eran, por lo general, personas mayores de 65 años. Los mensajes alertaban de una supuesta operación fraudulenta en la cuenta e incluían un teléfono o una página web con la que debían contactar para resolver la incidencia.

Para dotar de credibilidad al aviso, los autores modificaban los datos de cabecera del remitente. De este modo, el mensaje fraudulento podía aparecer en el mismo hilo que las comunicaciones legítimas enviadas anteriormente por el banco, lo que llevaba a la víctima a interpretar que la alerta procedía realmente de su entidad.

Una vez establecido el contacto, los interlocutores se presentaban como empleados del departamento de seguridad o prevención del fraude. A partir de ahí, convencían a los afectados para transferir el dinero a otras cuentas o realizar ingresos en cajeros bajo el argumento de que esas operaciones eran necesarias para proteger sus fondos.

En otras ocasiones solicitaban las claves de acceso a la banca electrónica o pedían compartir la pantalla del teléfono. Con ese procedimiento obtenían el control de la aplicación bancaria y de los productos contratados por la víctima. La Policía señala que los responsables llegaban a conocer los límites de las cuentas para distribuir el dinero en una o varias transferencias.

Entre los métodos investigados figura el denominado relay attack o ataque de retransmisión mediante tecnología NFC. En estos casos, los autores contactaban por teléfono haciéndose pasar por el banco u otro servicio oficial y convencían a la víctima para instalar una aplicación falsa, llegando en ocasiones a pedirle que eliminara la aplicación auténtica.

El programa fraudulento convertía el teléfono en un puente para transmitir la información de la tarjeta. La víctima acercaba la tarjeta al móvil creyendo que completaba una validación legítima, mientras los datos se enviaban en tiempo real a los autores, que podían utilizarlos desde otro dispositivo o cajero como si dispusieran físicamente de ella.

El dinero acababa en cuentas abiertas a nombre de terceras personas utilizadas como “mulas”. Según la investigación, los captadores buscaban principalmente a jóvenes a través de redes sociales y a personas sin hogar. Las cuentas permanecían controladas por los integrantes del entramado o por intermediarios encargados de supervisar la retirada y entrega de los fondos. En algunos casos, el perjuicio superó los 45.000 euros para una sola víctima.

La organización contaba con personas dedicadas a obtener bases de datos bancarios de cientos de miles de clientes y con técnicos que cruzaban esa información para seleccionar perfiles considerados vulnerables. Otros integrantes enviaban los mensajes, llamaban a los afectados suplantando al personal bancario, gestionaban las cuentas receptoras, retiraban el dinero en cajeros o lo transferían a nuevas cuentas.

La estructura también incluía responsables de convertir el dinero en criptomonedas. Las campañas podían mantenerse durante unas horas, un día o varios meses. Tras cometer varias estafas o agotar las posibilidades de obtener fondos con una base de datos, los participantes cerraban el canal de mensajería empleado.

La Policía sostiene que algunos afectados fueron intimidados cuando descubrieron el engaño. Los presuntos autores les enviaban mensajes con datos personales y direcciones de sus domicilios para atemorizarlos y tratar de evitar que presentaran denuncia.

Durante las pesquisas se han analizado 400 canales y grupos de la aplicación privada de mensajería. Los agentes recopilaron 300 identidades asociadas a sus usuarios y lograron identificar plenamente a cien personas. La investigación sigue abierta y la Policía contempla nuevas detenciones relacionadas con el entramado.