Vecinas de Javier de Burgos 19 logran que SAREB inicie negociaciones tras organizarse en el Sindicato de Inquilinas
La presión vecinal, impulsada por la APDHA y el Sindicato de Inquilinas de Cádiz, consigue abrir un proceso de diálogo con la SAREB tras semanas de movilización ante la falta de respuesta institucional.
Las vecinas del edificio ubicado en Javier de Burgos 19 han conseguido que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) acceda a abrir un proceso de negociación directa, tras semanas de movilización organizada a través del Sindicato de Inquilinas de Cádiz y con el impulso inicial de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Este avance llega después de años de inacción institucional y supone un giro clave en un conflicto de vivienda que afecta a varias familias en la ciudad.
El punto de inflexión se produjo esta semana, cuando dos mediadoras enviadas por Servihabitat, por encargo de SAREB, se presentaron en la finca para realizar una inspección fotográfica y mantener contacto con las residentes. La visita marca el inicio efectivo del proceso negociador y demuestra que la movilización social ha surtido efecto donde ni el Ayuntamiento ni otras administraciones habían logrado avances.
Las inquilinas, asesoradas por el Sindicato de Inquilinas, han establecido una serie de condiciones mínimas para garantizar la transparencia del proceso. Entre ellas, exigen que cualquier comunicación o visita de la entidad se gestione previamente por correo electrónico y con conocimiento tanto del sindicato como de la representación vecinal de la finca, para proteger su privacidad y asegurar el respeto a sus horarios de vida.
Este caso evidencia la eficacia de la organización vecinal como herramienta para forzar la apertura de canales de diálogo con grandes entidades gestoras como SAREB. Mientras desde el Gobierno central se anuncian políticas de alquiler asequible a través de esta sociedad, en Cádiz se ha denunciado la incoherencia entre ese discurso y las prácticas reales de la entidad, que ha ejecutado desahucios y ha mantenido viviendas en mal estado sin ofrecer alternativas.
En este contexto, colectivos sociales han intensificado su presión sobre el Ejecutivo para impedir que SAREB renueve su polémico contrato de gestión con el fondo buitre KKR, responsable de parte de la política de desinversión agresiva que afecta a muchas familias vulnerables en todo el país.
Desde el Sindicato de Inquilinas advierten que seguirán vigilantes durante las negociaciones. Su experiencia les hace prever posibles tácticas de división por parte de la entidad, como ofrecer condiciones diferentes a las distintas unidades familiares para romper la cohesión vecinal.
“Sabemos que pueden decir que unos pisos no cumplen requisitos, o que a algunos sí se los van a arreglar. Por eso es vital mantenernos unidas y con comunicación clara entre todas”, han señalado desde la organización.
Más allá del caso concreto de Javier de Burgos 19, este precedente abre una vía importante para el movimiento por el derecho a la vivienda en Cádiz. La articulación comunitaria ha sido la única herramienta eficaz para lograr resultados tangibles frente a una entidad que, hasta ahora, había eludido cualquier responsabilidad directa con las inquilinas.
Con esta victoria parcial, el Sindicato de Inquilinas se consolida como actor clave en la defensa del acceso justo a la vivienda en la ciudad, y su labor marca un camino que podría replicarse en otros casos similares en la provincia y en todo el país.
