Verdemar pide revisar el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar antes de su entrada en vigor

La organización ecologista solicita a los eurodiputados españoles que promuevan cambios en el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, previsto para el 15 de julio, para reforzar la protección ambiental y las condiciones portuarias en el Campo de Gibraltar.

La organización Verdemar Ecologistas en Acción ha solicitado a eurodiputados españoles que impulsen una revisión del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar antes de su entrada en vigor, prevista para el próximo 15 de julio, al considerar que el texto no garantiza una protección ambiental suficiente en el Estrecho ni unas condiciones equitativas para los puertos de la zona.

En una carta remitida a representantes españoles en el Parlamento Europeo, el colectivo plantea que se pida la suspensión temporal de la aplicación del acuerdo hasta que se introduzcan modificaciones en materia de aguas, actividad portuaria y control de vertidos. La iniciativa se produce cuando falta poco más de un mes para que el nuevo marco jurídico comience a aplicarse.

Según ha explicado el presidente de Verdemar, Antonio Muñoz Secilla, la organización entiende que el texto “deja muchos cabos sueltos” en cuestiones medioambientales. A su juicio, si el acuerdo entra en vigor sin cambios, las consecuencias recaerán sobre el entorno y la población del Campo de Gibraltar.

Entre los aspectos que el colectivo considera prioritarios figura la regulación de la actividad portuaria. Verdemar advierte de que, al no formar parte Gibraltar de la Unión Europea, las normas europeas sobre el régimen de comercio de derechos de emisión (EU ETS) no se aplicarían en las mismas condiciones que en el puerto de Algeciras. En su opinión, esta situación puede generar diferencias en las exigencias ambientales y en la competencia entre ambos enclaves.

La organización también cuestiona la protección de las aguas que rodean el Peñón. Señala que Gibraltar no reconoce como protegidas por la Unión Europea las aguas adyacentes, por lo que, según expone, no quedarían amparadas por la normativa vinculada a espacios como la Red Natura 2000. Para el colectivo, esta circunstancia dejaría sin cobertura ambiental un área sensible del Estrecho.

Otro de los puntos señalados es la posibilidad de continuar con rellenos en el litoral. Verdemar sostiene que el acuerdo permitiría que Gibraltar siga realizando aportes de materiales en el mar conforme a su normativa interna, que admite el uso de escombros de obra como base. La organización afirma que actualmente se desarrollan actuaciones de este tipo en la cara este del Peñón.

En materia de saneamiento, el colectivo reclama que el acuerdo incluya un plazo concreto para que Gibraltar disponga de una planta de tratamiento de aguas residuales. Según indica, en la actualidad no existe esa infraestructura y se producen vertidos de aguas sin tratar en el Estrecho.

La regulación del bunkering, el suministro de combustible a buques fondeados, es otra de las cuestiones planteadas. Verdemar sostiene que esta actividad, una de las principales del puerto gibraltareño, debería someterse a un control más estricto en el marco del acuerdo, al considerar que existen riesgos de vertidos y que se emplean fondeaderos que califica de ilegales.

La organización recuerda que el Parlamento Europeo admitió a trámite una petición presentada por el colectivo ante el Comité de Peticiones (PETI), donde continúa su tramitación. No obstante, señala que los tiempos parlamentarios no coinciden con la fecha prevista para la entrada en vigor del acuerdo, por lo que ha optado por dirigirse directamente a distintos eurodiputados para recabar apoyos.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar está llamado a regular aspectos clave de la relación tras el Brexit, con impacto directo en el Campo de Gibraltar por su proximidad geográfica y su dependencia económica y laboral del Peñón. A pocas semanas de su aplicación, Verdemar sitúa el foco en las implicaciones ambientales y en la actividad portuaria, y pide que se introduzcan cambios antes del 15 de julio.