La Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Andalucía ha protagonizado hoy una concentración a las puertas de las Consejerías de Educación y de Hacienda para exigir al actual Ejecutivo andaluz, que cumpla en los próximos presupuestos autonómicos sus promesas electorales con los trabajadores de la concertada
La Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Andalucía (FEUSO Andalucía) ha llevado a cabo hoy una concentración en las puertas del edificio Torretriana, sede las Consejerías de Educación y Hacienda de la Junta de Andalucía para reclamar que el Ejecutivo andaluz acabe de una vez por todas con las trato laboral y salarial que los 20.000 trabajadores de la Enseñanza Concertada viven, en muchos casos, desde hace más de diez años.
Desde este sindicato se considera que el Gobierno andaluz arrastra “deberes pendientes” desde hace casi una década y que repercuten de forma negativa en la situación de los profesionales de este ámbito. Por ello, se solicita al actual Ejecutivo autonómico que incluya en los próximos presupuestos autonómicos –actualmente, en plena redacción– las partidas presupuestarias necesarias para desbloquear cuanto antes la actualización de la equiparación salarial de los docentes de los centros concertados con sus compañeros de los centros públicos (con la inclusión de conceptos como los sexenios, complementos de cargo…etc.), el abono prometido de la deuda salarial pendiente (PEA y cantidades de la Paga Extra de 2012), la creación de un Complemento Autonómico para el Personal Complementario y de Administración y Servicios (PAS) de los centros concertados, la discriminación en planes, programas proyectos (aumento de horas de orientación, abono tareas de prospección en FP…), aumento de plantilla vinculado a la reducción de carga lectiva, el Acuerdo de Mantenimiento de Empleo vinculado al Plan de Jubilación Parcial y la concertación del Bachillerato.
Todas estas medidas fueron promesas electorales de los actuales partidos políticos con presencia en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (PP y Cs) durante su etapa en la oposición. Superado –esperamos– lo peor de la pandemia, y con este Gobierno encarando la recta final de esta legislatura, desde USO se considera que “ya se ha perdido demasiado tiempo” para aplicar estas propuestas de justicia social y laboral.
El abono de la Paga Extraordinaria de Antigüedad en la empresa es un concepto salarial cuyo derecho está recogido en el Convenio Colectivo, sin embargo, se viene negando, a los trabajadores afectados desde agosto de 2013. El Partido Popular en su Programa para las Elecciones Andaluzas, en el apartado Profesionales del Sistema Educativo adquirió el siguiente compromiso: El profesorado de los centros concertados recuperará el salario adeudado por la Administración en concepto de la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa.
Ya en octubre de 2019, el consejero de Educación manifestó su compromiso de presentar una posible solución a este problema: la de transformar ese concepto salarial en sexenios vinculados a la formación. A día de hoy, ese borrador no se ha hecho realidad y cada vez son más trabajadores a los que se les adeuda esa cantidad y cientos, las demandas judiciales presentadas.
En lo relativo a devolución de las cantidades pendientes de la Paga Extra de 2012, la Consejería no ha devuelto aún las cantidades recortadas en concepto de trienios y cargos directivos. Tan sólo reconoció su error y procedió a su abono del complemento de Maestro en la ESO, gracias a la aportación de cálculos de forma exhaustiva que hizo este sindicato. Una vez más, los trabajadores han tenido que acudir a judicializar estas reclamaciones y ya son varias las sentencias firmes, lo que supone una auténtica rémora, más si cabe cuando la propia administración recurre las sentencias ganadas por FEUSO, por lo que es exigible una solución real y sin más dilaciones para los cientos de profesionales aún afectados.
Son muchas las comunidades autónomas que desde hace años contemplan un complemento salarial para el Personal de Administración y Servicios (PAS) y Personal Complementario de los centros concertados que no se encuentran en el pago delegado, con objeto de dignificar su situación laboral. Sin embargo, en Andalucía no se ha podido conseguir aún, pese a que el propio consejero de Educación manifestara hace dos años su disponibilidad a tratar el tema en una mesa de trabajo. Hasta el momento, no ha habido más novedades.
Respecto a la concertación de Bachillerato y Ciclos Formativos, el actual Ejecutivo andaluz incumple el Acuerdo de Gobierno que establecía la implantación del Bachillerato concertado. A ello hay que unir los trabajadores y alumnos de centros concertados no pueden acceder a muchos programas, ayudas o formación que oferta la administración educativa -tales como ayudas al transporte, aula matinal, comedor y servicios complementarios- por el mero hecho de la titularidad de su centro, a pesar de que forman parte del sistema educativo público andaluz, tal y como y se recoge en la Ley de Educación de Andalucía en su artículo 3.
Ese mismo trato desigual se dispensa al profesorado de FP de los centros concertados frente a los públicos, ya que a estos últimos sí se les abona la labor de prospección de empresas para las prácticas de FP, un cometido que viene desempeñando habitualmente el profesorado de ambas enseñanzas, pese a estar desarrollando su trabajo en centros sostenidos igualmente con fondos públicos. Ese mismo trato desigual también lo sufren los orientadores de los centros de enseñanza concertada. Este sindicato lleva largo tiempo reivindicando la necesidad de ampliación de horas de orientación en dichos centros, a los que solo se les dota en pago delegado de cuatro horas por línea y únicamente en la Secundaria. Estos profesionales necesitan una ampliación de horario y los centros, a su vez, necesitan que la administración financie su actuación en Infantil y Primaria.
“El consejero de Educación, el señor Javier Imbroda, cada vez que puede, habla del valor de la enseñanza concertada, que es complementaria a la pública. Si tanto es así, por favor, demuéstrelo con hechos en los próximos presupuestos autonómicos. Lo mismo sucede con el Gobierno en sí de la Junta de Andalucía, que ya en varias ocasiones desde la pasada legislatura –a través de tres PNL, el Acuerdo de Gobierno, la propuesta de reconstrucción tras la pandemia de la COVID-19 o, más recientemente, en la Ley de Autoridad del Profesorado– han manifestado su intención de cumplir con la Enseñanza Concertada. Que no sea una promesa con la intención de buscar réditos políticos sino que se convierta en realidad. Si el Gobierno andaluz sigue manteniendo esta actitud injusta y de falta a su compromiso, no cejaremos en nuestras reivindicaciones e iremos a más”, concluye María de la Paz Agujetas, secretaria general de FEUSO Andalucía.