Javier Pizarro suscribe con el consejero José Antonio Nieto el convenio con los importes previstos para la edición de 2022
La Diputación de Cádiz dedica al Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA), en su edición de 2021, una inversión cercana a los 3,7 millones de euros (se cifra exactamente en 3.692.801 euros). Esta cuantía supone un incremento interanual del 96% y es el resultado de asumir el encarecimiento de los costes en suministros y materiales de construcción.
Diputación asume la gestión integral de casi todas las obras del PFEA asignadas a la provincia y, por tanto, conoce de primera mano las dificultades de las empresas que concurren a las licitaciones públicas. Las convocatorias para contratar obras y servicios se publicaron con unos precios que, tras la guerra de Ucrania, se encarecieron sensiblemente. Al tratarse de una circunstancia sobrevenida el Pleno de Diputación aprobó en junio un suplemento de crédito, al objeto de modificar el presupuesto inicial. Esa operación ha permitido que el saldo inversor de la institución provincial se haya elevado, finalmente, hasta los 3,7 millones de euros, muy por encima de los casi 1,9 que se dedicaron en la anterior edición del PFEA.
Con esa decisión se han logrado desbloquear muchas situaciones de dificultad. De hecho, esta aportación adicional de Diputación al PFEA 2021, aún en vigor, ha repercutido en 87 obras emprendidas en la provincia de Cádiz.
Firma del acuerdo sobre materiales para la edición de 2022
El vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios, Javier Pizarro, y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, han suscrito hoy el convenio que regula las aportaciones que se destinarán a la compra de materiales de las obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario 2022. El acuerdo, alcanzado en Córdoba junto a todas las Diputaciones andaluzas, establece una cuantía máxima de 9.335.092,93 euros para la provincia gaditana, una vez sumados los 7 millones de euros que sustenta la administración autonómica y los 2,3 millones que financia la Diputación de Cádiz.
Este importe, reservado para la compra de materiales, equivale al 45 por ciento de la inversión que el Gobierno de España -a través de la sociedad SEPES- destina al programa. La aportación estatal, que cubre la retribución de la mano de obra y las cotizaciones empresariales, alcanza los 20,7 millones de euros. En resumen, la nueva edición del PFEA dispone de un presupuesto total de 30.079.743 euros para la provincia de Cádiz, una vez sumados los fondos consignados por Estado, Junta y Diputación.
Reclamación de las Diputaciones a la Junta
Con anterioridad a la firma de los acuerdos firmados en Córdoba, las entidades provinciales se reunieron -concretamente el martes- en el seno de la subcomisión de Diputaciones de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). En ese foro se adoptó una reivindicación principal: elevar las cuantías dedicadas a la compra de materiales de manera que -con dicho incremento- se alcanzara el 60 por ciento de la aportación que sustenta el Gobierno de España para el PFEA, y no el 45% actual.
Este planteamiento fue defendido en el último Pleno de Diputación por el responsable del área de Cooperación y Asistencia a Municipios, Javier Pizarro. La iniciativa fue aprobada por todos los grupos políticos de la Corporación provincial, con la abstención del PP.
“Apoyo rotundo al PFEA”
Javier Pizarro considera que la aportación extraordinaria que ha asumido la Diputación ante el PFEA confirma “nuestro apoyo rotundo a un programa que es esencial para las poblaciones del mundo rural de la provincia de Cádiz. Permite la creación de infraestructuras y servicios públicos de calidad, aporta empleo y cotizaciones a los trabajadores del régimen agrario, y evita la despoblación”.
Lamenta el diputado provincial que las cifras que se han pactado en Córdoba aún no recogen todas las necesidades existentes. A su juicio la Junta, ante el planteamiento de asumir incrementos presupuestarios que responden a las actuales circunstancias, “da la callada por respuesta”.