La Junta de Andalucía lanza un servicio de facilitadores para apoyar a las personas con discapacidad en procesos judiciales
La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un proyecto piloto en todas las provincias andaluzas para ofrecer un nuevo servicio de facilitadores expertos, cuyo objetivo es apoyar a las personas con discapacidad que participen en procesos judiciales. Este servicio, que cubre desde víctimas hasta testigos o incluso operadores jurídicos, busca eliminar las barreras de comprensión que estas personas pueden enfrentar al interactuar con el sistema de Justicia.
El proyecto, impulsado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, tiene como fin garantizar que las personas con discapacidad puedan entender y ser entendidas en el ámbito judicial, asegurando su participación en igualdad de condiciones. Los facilitadores, profesionales con formación en accesibilidad y ajustes de procedimiento, ayudarán a las personas con discapacidad a comprender los procedimientos y a tomar decisiones informadas durante el proceso judicial.
Este servicio se enmarca dentro del Plan de Humanización de la Justicia de la Junta, que también incluye otras iniciativas como la traducción a lectura fácil de documentos judiciales para personas con dificultades para comprenderlos, un proyecto que fue premiado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2023.
A partir de este mes, los órganos judiciales pueden solicitar la figura del facilitador para asistir a las personas con discapacidad involucradas en procedimientos judiciales. Las entidades encargadas de la prestación del servicio durante este proyecto piloto incluyen Plena Inclusión Andalucía, FAAM y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla, con un presupuesto inicial de 144.000 euros.
Los facilitadores son profesionales titulados en áreas como Psicología, Derecho, Trabajo Social o Terapia Ocupacional, quienes, con formación específica, se encargan de garantizar que los procesos judiciales sean accesibles para todos, en cumplimiento con el derecho constitucional de tutela judicial efectiva.
