El Gobierno aprueba la subida del sueldo de los empleados públicos para 2025 dentro del nuevo acuerdo marco salarial

La subida del sueldo de los empleados públicos para 2025 será del 2,5%, con efectos retroactivos desde enero, y forma parte del plan de incrementos hasta 2028

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley que permitirá aplicar la subida del sueldo de los empleados públicos para 2025, un incremento del 2,5% consolidable con efectos retroactivos desde enero. Esta actualización retributiva forma parte del Acuerdo Marco suscrito con las organizaciones sindicales UGT y CSIF, cuya vigencia se extenderá hasta 2028 y que contempla un aumento total del 11% durante ese periodo, además de medidas dirigidas a modernizar la función pública y reforzar los servicios esenciales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, destacó que el acuerdo responde a la apuesta del Ejecutivo por el diálogo social y la mejora de las condiciones laborales tras “siete años de recortes que afectaron al número de efectivos y a la calidad del empleo público”. López subrayó que el incremento garantiza la preservación del poder adquisitivo para más de tres millones de trabajadores de las distintas administraciones.

La subida correspondiente a 2025 será abonada de forma inmediata en una sola paga para el personal de la Administración General del Estado, que lo recibirá en la nómina de diciembre. En el caso de comunidades autónomas y ayuntamientos, el ministro explicó que cada administración fijará el calendario de abono de la actualización y los atrasos, aunque la cuantía es obligatoria conforme al Real Decreto-ley aprobado.

Junto al incremento del 2,5% para 2025, la norma fija una subida consolidable del 1,5% para 2026, ampliable con otro 0,5% si el IPC anual alcanza o supera el 1,5%. De cumplirse esta condición, el aumento para 2026 sería del 2% y se abonaría a comienzos de 2027. El acuerdo prevé además una revisión del complemento de residencia e insularidad para los empleados públicos destinados en Baleares y Canarias, a fin de actualizar sus compensaciones en función del coste de vida real en los territorios.

Óscar López recordó que el plan salarial contempla para los años posteriores una subida del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028. Según subrayó, estos incrementos permitirán consolidar una retribución más adecuada a la responsabilidad del empleo público y situar la evolución salarial muy por encima de la registrada durante el periodo previo a 2018, cuando el aumento acumulado apenas alcanzó el 3,7%.

El Real Decreto-ley incluye igualmente la devolución a la Generalitat de Cataluña de la competencia para gestionar la oferta de empleo público y los procesos selectivos de los habilitados nacionales, un cuerpo esencial para el funcionamiento de los ayuntamientos, especialmente los de menor tamaño. El Gobierno argumenta que la medida permitirá cubrir un déficit histórico de plazas vacantes y facilitará que los aspirantes conozcan su destino con mayor certeza, atendiendo así a una reivindicación mantenida por las instituciones catalanas.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha acordado autorizar a las comunidades autónomas y entidades locales a emplear el superávit generado en 2024 para realizar inversiones financieramente sostenibles durante 2025, 2026 y 2027. Esta flexibilidad permitirá reforzar áreas clave como el abastecimiento de agua, el alumbrado público, la vivienda, la gestión de residuos o la eficiencia energética, según explicó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

La portavoz informó también de la prórroga de los plazos para que pymes y autónomos adapten sus sistemas informáticos al Reglamento Verifactu, ampliando un año de margen adicional para facilitar el cumplimiento de la normativa. Asimismo, el Gobierno autorizó la oferta de empleo público de la UNED para incorporar a 95 profesores y 98 trabajadores técnicos y de administración, consolidando la apuesta por la universidad pública.

En clave económica, Alegría destacó los buenos datos de empleo conocidos este martes, con la cifra más baja de paro en un mes de noviembre en los últimos dieciocho años y más de 21,8 millones de afiliados a la Seguridad Social. Según la portavoz, estos indicadores reflejan “la solidez del crecimiento económico y la fortaleza del mercado laboral español en el contexto europeo”.

Con estas medidas, el Ejecutivo avanza en su compromiso de modernizar la administración y reforzar el empleo público, al tiempo que garantiza una mejora progresiva de las condiciones retributivas del conjunto de trabajadores que integran los servicios públicos del país.