El Gobierno amplía hasta 2026 las ayudas energéticas a consumidores vulnerables y mantiene la prohibición de cortes de suministro
El Ejecutivo extiende hasta finales de 2026 la protección para consumidores vulnerables en electricidad, agua y gas, y mantiene los descuentos del bono social eléctrico.
El Gobierno ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2026 el conjunto de medidas destinadas a proteger a los consumidores vulnerables en el ámbito energético. La decisión prolonga un bloque de medidas que se había activado durante la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania y que afecta a los suministros domésticos considerados básicos. Las medidas forman parte del real decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2025 y publicado posteriormente en el Boletín Oficial del Estado, pendiente de convalidación parlamentaria.
Entre las medidas prorrogadas se encuentra la prohibición de interrumpir el suministro de electricidad, agua y gas a consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social. Esta prohibición, vigente desde 2021, se mantendrá durante todo 2026, según la planificación del Ejecutivo. La medida busca garantizar que los hogares que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica o social no queden privados de servicios esenciales.
El Gobierno también ha prolongado el bono social eléctrico, un descuento en la factura de la luz dirigido a consumidores vulnerables. Este instrumento se reforzó en 2022 en un contexto de precios elevados y desde entonces ha experimentado ajustes graduales. De acuerdo con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, en 2025 más de 1,7 millones de hogares se beneficiaron del bono social eléctrico. Para 2026 el descuento será del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para consumidores vulnerables severos. En situaciones de exclusión social financiadas en colaboración con servicios sociales, el consumidor quedará exento del pago de la factura eléctrica.
La prórroga de las ayudas se mantendrá hasta la entrada en vigor de la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que abarcará el periodo 2026-2030. El Gobierno considera que la existencia de colectivos con dificultades para afrontar sus necesidades energéticas hace necesaria la extensión de las medidas adoptadas durante la crisis energética. Aunque los precios de la energía han moderado su evolución respecto a los máximos alcanzados en 2022, las autoridades advierten de que el impacto continúa siendo significativo para hogares con rentas bajas.
Las ayudas incluyen también el bono social térmico, una transferencia anual destinada a cubrir parte del gasto en calefacción, agua caliente sanitaria y cocina en los hogares vulnerables. La cuantía se determina en función de la zona climática, el grado de vulnerabilidad del beneficiario y la participación adicional de las comunidades autónomas. Este bono se gestiona y se abona desde las comunidades autónomas y es compatible con otros programas de ayudas. Para recibirlo no es necesario solicitarlo de forma independiente, ya que su concesión se activa automáticamente para los beneficiarios del bono social eléctrico registrados a 31 de diciembre del año anterior.
El marco regulador establece una definición diferenciada de consumidor vulnerable, vulnerable severo y consumidor en riesgo de exclusión social, asociada al nivel de renta, la situación familiar, la percepción de determinadas prestaciones sociales y la financiación parcial de la factura por parte de servicios sociales. Esta categorización permite priorizar a los hogares con mayores dificultades y ajustar las ayudas públicas en función del grado de vulnerabilidad.
Las medidas forman parte del denominado escudo energético, activado durante la crisis energética de 2021-2022 y prorrogado en varias ocasiones como respuesta a la volatilidad de los precios internacionales. El paquete de ayudas se complementa con otras medidas desplegadas en el mercado minorista para mitigar el impacto de las subidas energéticas en los consumidores domésticos.
La convalidación parlamentaria del real decreto ley determinará la continuidad definitiva de las medidas durante el ejercicio 2026. Tras su aprobación, el Ministerio para la Transición Ecológica publicará las guías de referencia para consumidores y comercializadoras, así como la actualización de los datos de cobertura.
