Entra en vigor la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos a 35 horas semanales
La reducción de la jornada laboral de los empleados públicos fija un máximo de 35 horas semanales en la Administración General del Estado y afecta a unos 250.000 trabajadores en toda España, incluidos los destinados en Cádiz
La reducción de la jornada laboral de los empleados públicos a 35 horas semanales está en vigor desde el pasado 16 de abril, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública que establece el nuevo marco horario para la Administración General del Estado (AGE).
La medida rebaja de 37,5 a 35 horas la jornada ordinaria semanal, lo que supone un cómputo anual de 1.533 horas. Según los datos facilitados por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, la decisión afecta a unos 250.000 empleados públicos en toda España, entre ellos los trabajadores de organismos estatales con presencia en la provincia de Cádiz.
La nueva regulación es de aplicación al personal al servicio de la Administración General del Estado, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, así como a organismos autónomos, agencias y otras entidades dependientes de la AGE. En la provincia, esto incluye, entre otros, trabajadores de delegaciones ministeriales, organismos estatales y servicios de la Seguridad Social.
Quedan fuera de esta reducción el personal militar de las Fuerzas Armadas y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tampoco se aplica a empleados de administraciones autonómicas o locales, que continúan rigiéndose por la normativa vigente desde 2018, salvo que adopten sus propios acuerdos en el marco de la negociación colectiva.
En el caso de instituciones penitenciarias, centros sanitarios, docentes o puestos con características singulares, las instrucciones deberán adaptarse a sus regulaciones específicas para garantizar la prestación del servicio. La resolución subraya que la reorganización horaria no puede afectar a la atención a la ciudadanía.
La aplicación práctica de la reducción requiere ahora que cada departamento y organismo adapte sus calendarios laborales y sistemas de control horario. Para ello disponen de un mes desde la entrada en vigor de la resolución. En servicios con atención directa al público, como oficinas de registro o unidades administrativas, deberán introducirse ajustes organizativos para mantener los horarios y la continuidad del servicio.
Además de la reducción general a 35 horas, la norma introduce cambios para los puestos considerados de especial dedicación. En estos casos, la jornada pasa de 40 a 37,5 horas semanales, aunque se mantiene la posibilidad de ampliaciones puntuales cuando las necesidades del servicio lo requieran.
Entre las novedades incorporadas figura el reconocimiento expreso de las personas cuidadoras. La regulación amplía las medidas de flexibilidad horaria para empleados públicos que convivan con personas dependientes a su cargo que no puedan valerse por sí mismas por razones de edad, accidente o enfermedad. El objetivo es facilitar la adaptación de la jornada a las necesidades de cuidado y conciliación.
La resolución enmarca esta reducción en las directivas europeas en materia de conciliación de la vida personal y profesional y en un proceso de negociación colectiva desarrollado en los últimos años. En 2012, las leyes presupuestarias fijaron una jornada mínima de 37,5 horas semanales en el sector público. Esa limitación fue flexibilizada posteriormente, y tras el acuerdo alcanzado el pasado 27 de marzo en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, se ha implantado de forma general la jornada de 35 horas.
Para los empleados públicos destinados en Cádiz que dependen de la Administración General del Estado, el cambio supone una reducción efectiva de su tiempo de trabajo semanal, aunque su concreción dependerá de cómo cada organismo reorganice turnos y horarios en las próximas semanas.
La medida no altera, por el momento, las condiciones del personal dependiente de la Junta de Andalucía ni de los ayuntamientos de la provincia, que mantienen su propio marco regulador.
