La parlamentaria andaluza y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha valorado esta mañana en rueda de prensa el impacto que la Renta Mínima de Inserción tendrá sobre la provincia de Cádiz, donde al menos 4.268 unidades familiares podrían acogerse a esta nueva ayuda del Gobierno andaluz destinada a combatir la exclusión social y que puede solicitarse desde el pasado 1 de enero.
Esta nueva ayuda que oscila entre los 420 y los 780 euros mensuales dependiendo del IPREM y que sustituye al Ingreso Mínimo de Solidaridad, cuenta, según ha precisado la parlamentaria andaluza, con una dotación de 198 millones de euros este año.
“Se trata de un nuevo derecho subjetivo garantizado legalmente para impulsar la integración no solo social sino laboral de las personas que lo vayan a percibir y que va a atender situaciones de exclusión y pobreza”, ha explicado recordando que “de acuerdo con el decreto ley, el Servicio Andaluz de Empleo, junto con los servicios sociales comunitarios del municipio donde resida la persona solicitante, diseñará un plan de inclusión sociolaboral personalizado que incluirá las actuaciones y medidas que se deberán desarrollar”.
Maese ha abundado en que “el objetivo es atender a la persona y sus responsabilidades familiares para que pueda reconducir su situación cuanto antes, de hecho, el decreto-ley prevé la posibilidad de suspender de forma temporal la percepción de la renta mínima en el supuesto de que se suscriba un contrato de trabajo con una duración entre uno y seis meses”.
La diputada andaluza además aclara que a la hora de conceder la Renta Mínima no se computarán las pensiones de alimentos, las remuneraciones por acogimiento familiar, las prestaciones por hija o hijo a cargo, las pensiones de orfandad, las prestaciones económicas derivadas de la Ley de Dependencia, y las becas para educación o la formación y el transporte.
Otra de las novedades es la unificación de los criterios de situación de urgencia o emergencia social, cuyo procedimiento se acordará o desestimará en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la entrada del expediente en la delegación territorial.
A juicio de la dirigente socialista, “volvemos a ser pioneros en Andalucía y por eso queremos que el Gobierno tomase buena nota. “Es necesario que se configure un sistema de garantía de rentas mínimas de carácter estatal para todas las personas y familias en situación de vulnerabilidad y de exclusión social o en riesgo de estarlo”. “Porque, entre otras cosas- ha incidido- esta prestación surge ante el deterioro de la cohesión social agravado por el aumento de la desigualdad y la precariedad que ha traído consigo la reforma laboral del Gobierno central”.
“La Renta Mínima de Inserción trae un nuevo modelo de atención basado en criterios de universalidad, donde se da prioridad a las familias con hijos menores de edad, a las unidades familiares monomarentales/monoparentales, y también se le va a dar prioridad a las mujeres víctimas de violencia de género”, ha precisado.
Entre los requisitos, se establece estar empadronados de forma estable desde al menos un año antes y que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Los posibles beneficiarios son: personas de entre 18 y 24 años si tienen menores o personas con discapacidad a su cargo; personas de menos de 17 años que tengan menores con discapacidad a su cargo o que hayan sido víctimas de violencia de género; personas huérfanas de ambos progenitores; víctimas de violencia de género; las que han estado tuteladas por la Junta hasta la mayoría de edad; las que tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento; las que se encuentran en situación de emergencia social e incluso las mayores de 65 años con menores a cargo.
“Nos sentimos orgullosos de la sensibilidad del Gobierno de Susana Díaz hacia todos todas las personas que puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad social”, ha señalado Maese que recuerda que el decreto ley ha sido elaborado con la colaboración de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular relativa a la Renta Mínima, de la que forman parte los sindicatos UGT y CCOO, las Asociaciones de Consumidores Facua y UCA y otras entidades como Cepes y la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
En este punto, ha criticado “la actitud de Podemos-IU, mientras que del PP nos lo esperábamos al abstenerse en la convalidación del Decreto-ley de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. “Al hacerlo en esa pinza vergonzante que reproducen, ignoran la petición de quienes representan a los más desfavorecidos ya que han sido esas organizaciones promotoras de Iniciativa Legislativa Popular de la renta mínima las que han estado negociando con la Junta este decreto-ley y han pedido el apoyo a este sistema de todos los grupos parlamentarios y el compromiso de su mantenimiento en los próximos presupuestos”.
“Podemos, IU y PP cierran puertas, todos miran hacia otro lado y no se comprometen con los más vulnerables, con quienes más lo necesitan”, apostilla al tiempo que advierte de la contradicción en que incurren pues las tres formaciones apoyaron la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, norma de la que surge esta iniciativa.
“No han sido capaces de valorar la gestión del Gobierno andaluz y se han quedado sin argumentos para justificar su falta de apoyo a una medida que está pensada, simplemente y no hay que buscar más, para dar una respuesta a las personas que atraviesan dificultades”, ha lamentado abundando en que “esta medida es parte del modelo del PSOE de políticas progresistas y de izquierdas por las que sin duda vamos a apostar pensando en la recuperación de derechos para las personas para que nadie se quede atrás”.