Condenado a cuatro años de prisión por robos en San Severiano y el Mercado de Abastos de Cádiz

La Audiencia Provincial ha condenado a cuatro años de prisión al autor de varios robos en San Severiano y el Mercado de Abastos de Cádiz, quien deberá abonar cerca de 13.800 euros en indemnizaciones y no podrá acercarse a los lugares afectados durante cinco años.

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a cuatro años de prisión a un hombre por un delito continuado de robo con fuerza cometido en la casa parroquial de la iglesia de San Severiano y en un puesto de pescadería del Mercado Central de Abastos. La sentencia es firme después de que el acusado reconociera los hechos y todas las partes renunciaran a presentar recurso.

La Sección Cuarta de la Audiencia dictó la resolución el pasado 1 de julio. Además de la pena de cárcel, el tribunal ha impuesto al condenado la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la iglesia y la casa parroquial de San Severiano y del Mercado de Abastos durante cinco años.

Los hechos se produjeron en octubre y noviembre de 2025. Según recoge la sentencia, el acusado entró en dos ocasiones en la vivienda del párroco de San Severiano, situada junto al templo en la calle Brunete.

El primer asalto tuvo lugar entre las 7.00 y las 9.00 horas del 18 de octubre. El hombre escaló hasta el tejado de la vivienda, se descolgó hasta una ventana del baño y la fracturó para acceder al interior. Una vez dentro, llegó hasta el despacho del sacerdote.

El acusado se apoderó de un sobre con 3.000 euros pertenecientes al párroco y de una caja de caudales que contenía otros 3.500 euros de la parroquia. También sustrajo copias de las llaves del inmueble, las llaves maestras y una mochila tipo bandolera.

Cinco días después, alrededor de las 3.30 horas del 23 de octubre, volvió a acceder a la casa parroquial mediante un procedimiento similar. En esa ocasión fracturó la ventana de la cocina y recorrió varias dependencias antes de llevarse cuatro pulseras, un broche y unos pendientes.

La Policía detuvo al hombre en las inmediaciones después de que abandonara el inmueble. Los agentes recuperaron las piezas de bisutería sustraídas durante el segundo robo. La reparación de las ventanas y la sustitución de las cerraduras de las puertas fueron valoradas en 3.258,45 euros.

El tercer episodio ocurrió a las 13.38 horas del 9 de noviembre en un puesto de pescadería del Mercado de Abastos de Cádiz. La sentencia considera probado que el acusado entró en el establecimiento sin que conste el uso de la fuerza para acceder al interior.

Una vez dentro, rompió el candado de una nevera y sustrajo género valorado en unos 400 euros. También fracturó la caja registradora y la cerradura de un armario, aunque no se llevó nada de su interior, y causó daños que dejaron inutilizada una máquina de envasado al vacío.

Los desperfectos ocasionados en el puesto fueron tasados en 3.640 euros. La Audiencia considera que estas actuaciones, junto con los dos asaltos a la casa parroquial, constituyen un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada y establecimiento abierto al público fuera del horario de atención.

La condena tiene en cuenta la agravante de multirreincidencia, ya que el acusado acumulaba varias sentencias firmes por robos con violencia y con fuerza. El tribunal también aplica la atenuante de toxicomanía porque en el momento de los hechos consumía sustancias estupefacientes y tenía levemente afectada su capacidad para controlar sus actos.

Inicialmente, la Fiscalía y la acusación particular solicitaron seis años de prisión. Durante el juicio modificaron su petición, aplicaron la atenuante de toxicomanía y reclamaron cuatro años. La defensa aceptó esta calificación y el acusado ratificó personalmente su conformidad.

En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar con 3.000 euros al párroco, con 6.758,45 euros a la parroquia de San Severiano y con 4.040 euros al propietario de la pescadería. La cantidad total asciende a 13.798,45 euros.

La Sala ha autorizado que las indemnizaciones se abonen mediante cuotas mensuales de 50 euros, salvo que mejore la situación económica del condenado. También le impone las costas procesales, incluidas las generadas por la acusación particular.