EQUO Andalucía ha mostrado este miércoles su escepticismo ante la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) aprobada por el Parlamento andaluz, con la que se posibilitará la regularización de alrededor de 25.000 viviendas ilegales en nuestra comunidad, “sin diferenciar si las mismas se construyeron por necesidad y de buena fe, o para especular e incumpliendo deliberadamente la normativa”.
Así se ha expresado Carmen Molina, coportavoz de EQUO Andalucía y diputada en el grupo parlamentario de Podemos en la Cámara andaluza, que ha reprochado que esta modificación “venga a tapar, por un lado, las ilegalidades que algunos cometieron a sabiendas; y por otro la incompetencia de las Administraciones que no han sabido hacer prevalecer la ley”, posibilitando la proliferación de hasta 300.000 edificaciones en suelo no urbanizable en nuestra comunidad.
En este sentido, Molina ha recordado que la problemática a la que pretende dar solución esta modificación de la ley impulsada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio no contempla los motivos que llevaron a levantar dichas edificaciones, con lo que “corremos el riesgo de dar la impresión de que la ley sirve para tapar delitos” y “seguir generalizando las irregularidades urbanísticas”.
Para la formación verde, no se puede usar la misma vara de medir con quienes construyeron de manera alegal por una necesidad real de vivienda, que con quien lo hizo para especular o hacerse con una segunda residencia. Asimismo, “no es lo mismo una persona que actúa de buena fe ante la dejadez de la Administración competente, que quien busca expresamente el camino para saltarse la ley”.
EQUO Andalucía ha alertado asimismo de que la ley actual no garantiza que se resuelvan “los problemas paisajísticos, territoriales y medioambientales que en muchos casos han ocasionado estas construcciones ilegales”, y que con su regularización se acepta un impacto que “nunca debería haberse tolerado”, por lo que reclama que se adopten “medidas compensatorias en caso de que ese impacto no se pueda restaurar”.
Esta modificación contempla de manera explícita que no podrán regularizarse las construcciones que se encuentren situadas en zonas inundables –por razones obvias de seguridad- o declaradas por la Junta como de especial protección. En este sentido, Carmen Molina ha esperado que “se cumpla la norma de manera estricta, aplicando igualmente las distintas leyes que tenemos en vigor y en base a las cuales se han decretado demoliciones que aún están pendientes. Hay ocasiones en las que los ayuntamientos no pueden afrontar por sus propios medios el cumplimiento de la ley, y tienen que contar con todos los apoyos necesarios”.
“Entendemos que esta ley viene a dar solución a personas que en su momento no encontraron otra alternativa habitacional, pero hay que dejar claro a los especuladores que en el futuro no se podrán beneficiar de medidas en este mismo sentido”, ha insistido Carmen Molina, que ha asegurado que en adelante tanto desde EQUO Andalucía como desde el grupo parlamentario del que ella forma parte “se vigilará que se adopten las medidas necesarias y no se premie a los que han consumado el delito urbanístico. Esto no puede suponer que se abra la veda: esta misma situación no puede volver a repetirse en el futuro”.
Para concluir, la coportavoz de la formación ecologista ha destacado la importancia de dotar de acceso a los servicios básicos de luz y agua a las viviendas que finalmente resulten regularizadas. “Aunque no nos convence la ley, esperamos que haya mucha gente con necesidades de vivienda que se vea beneficiada, y es a esas personas a las que tenemos que dar todas las facilidades, garantizando unas condiciones de dignidad”, ha sentenciado Carmen Molina.
La modificación de la LOUA se ha aprobado con los votos a favor de PSOE, C´s y PP, y la abstención del grupo de Podemos y de IU.