Va a presentar una moción para que la Institución Provincial inste al Gobierno de la nación a que, en caso de que Juan Carlos I resultara condenado, se asegure de la devolución a las arcas públicas y sean destinadas a Sanidad, para que el CIS pregunte en la próxima encuesta la valoración del Monarquía y la Casa Real y para que la Junta haga lo propia en sus encuestas en Andalucía
El grupo provincial Adelante Cádiz presentará este mes una moción para que la Diputación de Cádiz “se moje” en los casos de corrupción y eleve al Gobierno central una batería de reivindicaciones relativas al Rey Emérito y a la propia institución monárquica.
En este sentido, desde Adelante recuerdan que “la figura simbólica del Rey, heredera del franquismo e impuesta en el periodo de la Transición española, a pesar de carecer de la legitimidad que otorgan las urnas, tiene una exposición pública de la que se espera una actuación que, como mínimo, sea acorde al Estado de Derecho y los principios más básicos de la Democracia”. Sin embargo, “en marzo del pasado año, The Telegraph publicó una información que vinculaba al actual Rey como beneficiario de dos fundaciones de su padre, en Suiza, investigadas por presuntos delitos de capitales. A su vez, revelaba una donación de 65 millones de euros al rey emérito procedente de Arabia Saudí por el AVE de la Meca-Medina”.
El grupo provincial destaca que, tras una “cadena de despropósitos con el repudio al emérito por parte de la Casa Real, retirada de su asignación económica, cortinas de humo e intentos de encubrimiento”, el ex jefe del Estado decide abandonar el país. “Y lo que en un principio es comunicado como un exilio, no deja de ser una vulgar huida a Emiratos Árabes Unidos”.
Ante esta situación, “las instituciones y representantes públicos no podemos mirar hacia otro lado y normalizar con el silencio una serie de actuaciones que contravienen los principios democráticos, a los cuales se ha venido vinculando erróneamente al propio emérito desde la Transición, a la luz de los hechos acontecidos”.
Por ello, “aunque la propia existencia de la Monarquía es un hecho completamente antidemocrático, mientras perviva la misma es importante proponer una serie de medidas conducentes a depurar responsabilidades, conocer el impacto que ha tenido esta bochornosa actuación en términos de opinión pública, así como la aprobación de medidas que garanticen que la historia no vuelva a repetirse, redoblando la transparencia de la Casa Real y limitando la inviolabilidad del Jefe de Estado.”
El grado de democracia -continúan- “no aumenta a medida que se luce la bandera más grande porque, entre otras cuestiones, ser demócrata conlleva asumir que ningún ciudadano y ciudadana está por encima de las leyes y que, cuando se produzca tal situación, se actúe en consecuencia”.
Así las cosas, Adelante Cádiz reclama que la Diputación Provincial inste al Gobierno central a emprender todas las acciones judiciales y medidas posibles para garantizar que, en el caso de resultar condenado el actual rey emérito por el cobro de comisiones ilegales y otros delitos contra la Hacienda Pública, se asegure la devolución de todas las cantidades a las arcas públicas y destinar dicha cuantía al refuerzo de la sanidad pública. También a que el Gobierno garantice que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pregunte sobre la consideración que le merece a la opinión pública española la figura de la Monarquía y la Casa Real.
Para Andalucía, Adelante Cádiz quiere que la Diputación Provincial se dirija a la Junta para que garantice que, desde la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces, se pregunte a partir del próximo Barómetro de Opinión Pública de Andalucía qué consideración le merece a los andaluces y las andaluzas la figura de la Monarquía y la Casa Real.
De manera paralela, el grupo provincial considera que la Diputación debe exigir al Gobierno que impulse medidas que garanticen más transparencia en la Casa Real y limitar la inviolabilidad de la figura actual del Jefe de Estado, con el objetivo de separar los actos de esta figura en el desempeño de sus funciones y sus actuaciones privadas. Y finalmente, desde lo local, que la Diputación inste a las entidades locales provinciales afectadas a adoptar medidas para proceder a la retirada de toda referencia al rey emérito en vías y centros públicos de la provincia de Cádiz.