Autorizan la vuelta a casa de vecinos en Grazalema tras el temporal
La Junta de Andalucía autoriza la vuelta a casa de 35 desalojados en Grazalema, lo que reduce a 86 las personas que aún permanecen fuera de sus viviendas tras las inundaciones provocadas por las últimas borrascas.
La Junta de Andalucía ha autorizado este domingo la vuelta a casa de 35 vecinos de 22 viviendas en el municipio de Grazalema (Cádiz), uno de los más afectados por el reciente temporal que azotó la provincia. Con esta decisión, el número de personas que permanecen desalojadas se reduce a 86, según ha informado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.
La autorización afecta a viviendas situadas entre las calles Pie de Palo y Las Parras. El anuncio se ha realizado tras las evaluaciones técnicas llevadas a cabo durante el fin de semana por el comité de emergencias, que ha analizado la seguridad estructural y geológica de la zona.
El municipio fue desalojado parcialmente el pasado 5 de febrero, cuando las intensas precipitaciones obligaron a evacuar a más de 1.600 vecinos ante el riesgo de inundaciones y posibles afecciones en el terreno. Desde entonces, el retorno se ha producido de forma progresiva, conforme los informes técnicos han confirmado la viabilidad del regreso en distintas áreas del casco urbano.
Según recordó el consejero días atrás, el número de evacuados había descendido ya a 121 personas, con solo “tres o cuatro familias” fuera del núcleo urbano. Tras la vuelta a casa de 35 desalojados en Grazalema autorizada este domingo, la cifra pendiente de retorno queda en 86 vecinos.
El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha señalado que las decisiones se están adoptando sobre la base de información técnico-científica recabada en el terreno. En jornadas anteriores ya se permitió el regreso de más de 1.700 personas el lunes 16 de febrero, alrededor de un centenar el miércoles y unas cuarenta el jueves, dentro del proceso escalonado de desescalada del operativo.
Para gestionar la emergencia, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones de Andalucía ha contado con el apoyo del Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (GADE) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a petición de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).
Se constituyó un comité técnico-científico que ha trabajado de forma paralela al comité operativo y que continúa analizando la situación. En él participan especialistas en hidrogeología del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), personal del Instituto Geográfico Nacional (IGN), del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada y efectivos del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), además de arquitectos del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos.
Los trabajos de evaluación han incluido estudios sobre el terreno mediante georradar con distintas antenas y perfiles electromagnéticos, tomografía sísmica y sistemas de posicionamiento GNSS. Esta tecnología permite medir desplazamientos, deformaciones o asentamientos en estructuras y suelos con alta precisión, lo que resulta clave para determinar la estabilidad de edificios y terrenos tras episodios de lluvias intensas.
Las inspecciones terrestres se han complementado con vuelos de drones y otras imágenes aéreas programadas, con el objetivo de obtener una visión completa del estado del municipio y detectar posibles riesgos residuales.
El dispositivo de emergencia continúa activo mientras se ultiman las comprobaciones necesarias en las zonas donde aún no se ha autorizado el retorno. Las autoridades han reiterado que el regreso de los vecinos se seguirá produciendo de manera gradual y únicamente cuando existan garantías técnicas suficientes para asegurar la habitabilidad y la seguridad de las viviendas.
Grazalema, ubicada en la Sierra de Cádiz y conocida por registrar algunos de los mayores índices de precipitaciones de la península, ha sufrido en las últimas semanas uno de los episodios más intensos de lluvias recientes, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de coordinación entre administraciones y organismos científicos.
