La formación critica las condiciones económicas de las VPO en Cádiz, en la promoción de Los Chinchorros, y acusa a la Junta y al Ayuntamiento de permitir un modelo que, a su juicio, dificulta el acceso de familias trabajadoras a la vivienda protegida.
Adelante Izquierda Gaditana (AIG) ha denunciado este 18 de abril las condiciones económicas de las nuevas VPO en Cádiz, en concreto en la promoción de Los Chinchorros, al considerar que los requisitos de acceso están dejando fuera a familias trabajadoras inscritas en el registro municipal de demandantes.
La formación señala que una familia con dos nóminas estables, registrada en Procasa, ha rechazado recientemente una de estas viviendas por no poder asumir el desembolso inicial exigido. Según AIG, la cantidad requerida asciende a 74.000 euros en un plazo aproximado de 17 meses, a lo que se sumaría posteriormente la formalización de la hipoteca.
La portavoz adjunta del grupo, Helena Fernández, sostiene que estas condiciones convierten el acceso en “inviable” para hogares con ingresos medios y bajos. A su juicio, el actual modelo de vivienda protegida se está alejando de su finalidad social.
La promoción de Los Chinchorros se enmarca en la categoría de viviendas a precio limitado, una figura recogida en el decreto-ley andaluz de vivienda 1/2025. Esta norma amplía hasta siete veces el IPREM el límite de ingresos para poder optar a este tipo de inmuebles y contempla que puedan pasar a régimen de renta libre transcurridos siete años.
AIG considera que esta regulación amplía el perfil de potenciales compradores y modifica el carácter de la vivienda protegida. La formación vincula este cambio con lo que define como un giro en la política autonómica de vivienda.
Además de Los Chinchorros, el grupo municipal alude a las 200 viviendas proyectadas en el barrio de Loreto, también bajo la fórmula de precio limitado y con el mismo umbral de ingresos, hasta siete veces el IPREM. Según la formación, estas condiciones pueden dificultar el acceso a quienes cuentan con recursos económicos más ajustados.
En su comparecencia, Fernández responsabilizó tanto a la Junta de Andalucía, como administración competente en materia de vivienda, como al equipo de Gobierno municipal, presidido por Bruno García, al que reprocha no haber intervenido para modificar o supervisar las condiciones de estas promociones.
La coalición sostiene que la situación es especialmente sensible en el actual contexto demográfico de la ciudad. Cádiz se encuentra cerca del umbral de los 100.000 habitantes, cifra que influye en la percepción de determinadas subvenciones y financiación estatal. En este sentido, AIG advierte de que las dificultades de acceso a la vivienda pueden contribuir a la salida de población.
La formación reclama una revisión de las políticas de vivienda para garantizar, según indica, que las VPO en Cádiz cumplan su función social y resulten accesibles a familias inscritas en el registro público de demandantes.
