La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha pedido la suspensión de funciones del general jefe de la Zona de Andalucía y del coronel Jefe de la Comandancia de Cádiz por los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero en el puerto de Barbate, en el que dos agentes fallecieron en un operativo en el que fueron arrollados por una narcolancha.
En una nota, la AUGC ha señalado que tras las declaraciones de los guardias civiles supervivientes, realizadas el pasado 28 de junio, considera «que ambos mandos continúen ejerciendo sus funciones puede comprometer de modo grave la fase de instrucción e investigación de cómo se dispuso la operación, la configuración de servicio y los medios que fueron utilizados para su realización».
En este sentido, la representación procesal de AUGC ha señalado que el «hecho de que ambos investigados continúen ejerciendo los cargos de jefe de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía y jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz supone un riesgo que puede comprometer de modo grave el proceso penal, especialmente en esta fase de instrucción», ya que está «centrada precisamente en la investigación de los comportamientos, órdenes, acciones y omisiones que ambos investigados pudieron llevar a cabo en relación con la actividad desplegada».
La AUGC ha recordado que «el ordenamiento jurídico de la Guardia Civil prevé la posibilidad de que se acuerde su suspensión de funciones, lo que supondría alejarles temporalmente del ejercicio del mando y por ello de toda posibilidad de influir en la investigación».
Así, ha solicitado al juzgado que comuniquen a la ministra de Defensa y al director general de la Guardia Civil la «situación procesal de ambos mandos» y los «graves hechos por los que se les está investigando», a fin de que «valoren su suspensión de funciones a la vista de la gravedad de los hechos imputados, el perjuicio que la imputación infiere al régimen del Instituto yla alarma social producida».
«Desde AUGC consideramos que los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero, en el que dos guardias civiles fueron asesinados mientras operaban a bordo de una zodiac contra una narcolancha, no es un caso aislado», ha afirmado la asociación, que ha justificado que por eso decidió personarse como acusación popular y de esa manera emprender los procesos legales correspondientes para que se depuraren las presuntas responsabilidades penales por hechos que pudieran ser tenidos como contrarios a los derechos de los trabajadores.
Además, ha recordado que el Juzgado desestimó la petición de la Fiscalía de archivar y sobreseer provisionalmente las diligencias y, por el contrario, acordó la práctica de diligencias de investigación, en línea con las que fueron propuestas por AUGC en su escrito de denuncia, en la que pidió una investigación penal por si pudiera existir la presunta comisión de un delito previsto en el artículo 316 y 318.
En este sentido, la AUGC ha afirmado que «lo que se ha conocido hasta ahora en las diligencias previas corrobora la nefasta manera en la que se ordenó la prestación del servicio y la carencia de medios con los que se contaba».