Cádiz recrimina que el Plan Estatal de Vivienda ignore reivindicaciones básicas para los gobiernos locales

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de su alcalde, José María González y de la concejala de Vivienda, Eva Tubío, han denunciado hoy que el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que está previsto que se apruebe el próximo viernes por el Consejo de Ministros, ignora reivindicaciones fundamentales para los gobiernos locales. Estas reivindicaciones se comunicaron en su momento a través del proceso formal de alegaciones y posteriormente el mes de diciembre en el encuentro con el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar.

En el encuentro con el Secretario de Estado de Vivienda participaron además de Eva Tubío, concejala de vivienda del Ayuntamiento de Cádiz concejales y concejalas de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Coruña, Santiago y Valencia.  Todos ellos coinciden  en que los problemas que se generan por la falta de inversión y por la falta de un proyecto en políticas públicas de vivienda del Gobierno estatal recaen directamente en los municipios, que son las administraciones que, al fin y al cabo, tienen que hacer frente a los desahucios, a los problemas que generan las subidas indiscriminadas de los precios de los alquileres, y a los que afecta la falta de un parque de vivienda pública y de precio asequible de alquiler.

El resultado del trabajo realizado, sin embargo, no cumple las expectativas de los municipios, que denuncian que han quedado fuera del plan las propuestas fundamentales para poder dar respuesta a las urgencias que se viven en cada una de las ciudades. Cádiz lo denuncia hoy y en las próximas horas y días lo harán público también el resto de las ciudades, que además quieren animar al resto de gobiernos locales a sumarse.

Entre otras cuestiones las ciudades consideran necesario:

  • Modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para alargar la duración de los contratos de alquiler, y evitar los incrementos indiscriminados de precios.
  • Revertir los recortes de los últimos añosya que, si continúa la línea actual, las políticas públicas de vivienda desaparecerán en 5 años. Para revertir esta situación hace falta que el presupuesto pase de 467 millones de euros previstos (destinados a todo el Estado español) a2.000 millones para el 2018. Éste es el primer paso para pasar del 0,059% del PIB (que es lo que representa la actual inversión) al 1,5% del PIB en 10 años, con el fin de equiparar el Estado español al resto de los países europeos referentes en materia de vivienda.
  • En concreto, les parece imprescindible incrementar el presupuesto para ampliar el parque público de alquiler y situar al Estado español a nivel de Europa. Actualmente España sólo tiene un 2,5% de vivienda social, un parque insuficiente para cubrir las necesidades de la ciudadanía. En los países referentes en políticas de vivienda los porcentajes de parque de alquiler público están muy lejos de esto: 24% (Austria), 17% (Reino Unido y Francia).
  • Para tirar adelante la promoción de vivienda pública se tienen que habilitar líneas de financiación del Instituto de Crédito oficial y el apoyo del Gobierno.
  • Para ampliar el abanico de posibilidades de creación y de acceso a la vivienda a precio asequible hace falta también impulsar nuevos modelos que garanticen la permanencia de la titularidad pública del suelo, como son las cooperativas de viviendas, la cesión de uso, etc.
  • Obligar a las entidades financieras y a la SAREB, que fueron rescatadas con dinero público, a incorporar los inmuebles al fondo de viviendas destinadas a alquiler social. En el actual redactado del plan estas aportaciones son voluntarias, lo cual ya se ha demostrado que no es eficaz.
  • Orientar las ayudas a la rehabilitación a pequeños propietarios y propietarias y que estas medidas no supongan como contrapartida un aumento desproporcionado de los precios de los alquileres en el mercado privado.
  • Impulsar medidas fiscales que pongan fin a los beneficios de las SOCIMIS puesto que estas empresas repercuten negativamente en el ámbito social del mercado de alquiler y tienen beneficios que superan los 5.000 millones de euros gracias a las excepciones de tributos y a las bonificaciones fiscales.

Recordar que durante este mandato el Ayuntamiento de Cádiz por vez primera ha impulsado con financiación propia la construcción de 45 nuevas viviendas sociales (3 promociones) destinadas íntegramente al alquiler público.

Por otro lado solo durante el año 2017 el presupuesto destinado a rehabilitación, reparación y mejora del parque público asciende a 2.748.794 euros y en el caso de las ayudas al pago de vivienda habitual alcanzan los 2.721.535 euros.

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