La reciente decisión del Ayuntamiento de Cádiz de cambiar el nombre del estadio, actualmente conocido como Nuevo Mirandilla, a Estadio Carranza, a propuesta del Cádiz Club de Fútbol, ha suscitado una considerable controversia. Este cambio no es una simple cuestión de denominación, sino un acto cargado de significado histórico y político que no puede pasar desapercibido.
El estadio originalmente llevaba el nombre de Estadio Ramón de Carranza, en honor al que fue alcalde de Cádiz dos etapas de las décadas del 20 y 30 del siglo XX, del que se ha acreditado su activa participación en el Golpe de Estado de 1936 y su papel fundamental en la represión de la ciudad durante los primeros meses de la Guerra Civil. Ramón de Carranza no solo apoyó el levantamiento militar, sino que también fue un colaborador crucial en la identificación y persecución de vecinos para su depuración o eliminación por el bando sublevado.
Eliminar el «Ramón de» y renombrar el estadio simplemente como Carranza es un intento flagrante de eludir la ley de memoria histórica, que prohíbe honrar a aquellos que participaron en la represión franquista. No obstante, el apellido Carranza sigue evocando y honrando la figura de un represor, independientemente del subterfugio semántico que se emplee.
El alcalde de Cádiz, Bruno García, de carácter moderado en el Partido Popular, ha dado un paso radical con esta decisión. El cambio de nombre del estadio no solo viola el espíritu de la ley de memoria histórica, sino que también glorifica a uno de los responsables de la represión brutal que sufrió Cádiz. El historiador Paul Preston calificó la represión franquista como un verdadero holocausto, destacando la magnitud y crueldad de la violencia ejercida desde el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y más allá del final de la Guerra Civil.
Es alarmante que, después de más de 40 años de democracia, se mantenga la intención de rendir homenaje a figuras tan oscuras de nuestra historia. Más grave aún es restituir un nombre que ya había sido eliminado en un intento por avanzar hacia una memoria más justa y respetuosa con las víctimas. La ciudadanía merece una explicación detallada y justificada, más allá de una escueta nota de prensa en pleno mes de julio. El alcalde Bruno García debe aclarar qué afinidades o simpatías le llevan a honrar nuevamente a un personaje tan controvertido y siniestro.
Asociaciones y partidos políticos han anunciado que acudirán a la justicia para frenar lo que consideran una ignominia. Pero, independientemente de lo que dictamine la justicia, este hecho representa un retroceso significativo y una afrenta a las víctimas, quienes claman por verdad, justicia y reparación. Devolver el nombre de Carranza al estadio va en dirección opuesta a estos valores fundamentales. Con este acto, Bruno García se coloca del lado equivocado de la historia, una historia que no debe olvidar las lecciones del pasado ni revictimizar a quienes sufrieron bajo el yugo de la represión franquista.