El acuerdo pesquero entre la UE y Mauritania expira el 14 de noviembre y afecta a 25 barcos andaluces

El vencimiento del acuerdo pesquero entre la UE y Mauritania dejará sin autorización para faenar a 60 buques europeos y tendrá incidencia en los puertos de Cádiz y Algeciras y en la lonja gaditana

El protocolo del acuerdo pesquero entre la UE y Mauritania expirará a medianoche del 14 de noviembre de 2026, lo que impedirá a los buques comunitarios continuar faenando en aguas mauritanas a partir de ese momento. La medida afecta a 60 embarcaciones europeas, 25 de ellas con base en Andalucía, y puede repercutir en unos 500 trabajadores entre empleos directos e indirectos.

El vencimiento tendrá una incidencia especial en los puertos de Cádiz, Algeciras, Huelva y Sevilla, según la información trasladada durante una reunión celebrada el 12 de noviembre en el Parlamento de Andalucía. En el caso de la provincia gaditana, el sector señala posibles consecuencias tanto para la actividad portuaria como para la lonja de Cádiz y las empresas vinculadas a la cadena pesquera.

El encuentro reunió al consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, con representantes de la flota, empresas pesqueras y autoridades portuarias. La reunión se convocó para analizar las consecuencias inmediatas de la expiración del protocolo y coordinar una posición común ante las administraciones españolas y las instituciones europeas.

La Comisión Europea ha comunicado oficialmente que los barcos de la Unión Europea dejarán de estar autorizados para pescar en aguas de Mauritania una vez que venza el protocolo. La continuidad de la actividad depende, por tanto, de que las partes alcancen una renovación o una fórmula que permita mantener el acceso de la flota comunitaria al caladero.

Los representantes de ANAMAR estimaron durante el encuentro que la interrupción del acuerdo podría causar pérdidas de 50 millones de euros. La cifra corresponde a una valoración de esta organización sobre los efectos que tendría la paralización en el conjunto de la cadena de valor, desde la actividad de los barcos y los puertos hasta la descarga, la comercialización y los empleos asociados.

La repercusión territorial no se limitaría a los puertos donde tienen base las embarcaciones. El sector prevé efectos sobre la lonja gaditana y sobre la comercialización de pescado en Huelva, además de la actividad desarrollada en los puertos de Algeciras, Cádiz, Huelva y Sevilla. Los alrededor de 500 puestos de trabajo potencialmente afectados incluyen tanto tripulantes como empleos indirectos.

Los representantes pesqueros explicaron que llevan seis meses trabajando para conseguir la renovación del protocolo. En la reunión expresaron su confianza en que las negociaciones permitan alcanzar una solución que evite la interrupción de la actividad, aunque la comunicación europea establece que la autorización vigente concluirá en la medianoche del 14 de noviembre.

Fernández-Pacheco trasladó el apoyo de la Junta a la continuidad del acuerdo y reclamó coordinación entre administraciones, autoridades portuarias, empresas y pescadores. “Compartimos un mismo objetivo: que nuestros barcos puedan seguir faenando y que se mantengan la actividad económica y los puestos de trabajo que dependen de este acuerdo”, manifestó el consejero.

Durante el encuentro también se abordó el papel de este caladero en la actividad pesquera europea y en el abastecimiento de sus mercados. El responsable andaluz de Pesca sostuvo que la retirada de la flota comunitaria podría dejar más espacio a barcos de terceros países y defendió que las embarcaciones europeas operan con los controles y criterios de sostenibilidad establecidos por la Unión Europea.

Esta consideración forma parte de los argumentos trasladados por la Junta y el sector para solicitar la continuidad del protocolo. Fernández-Pacheco vinculó el acuerdo con la capacidad pesquera y la seguridad alimentaria europea, y señaló que la permanencia de la flota permitiría mantener una actividad sometida a las normas comunitarias de control.

La posición planteada en el Parlamento andaluz busca evitar la paralización de los 25 barcos con base en la comunidad y limitar las consecuencias laborales y económicas atribuidas al vencimiento. El consejero pidió que la renovación ocupe un lugar prioritario en las agendas del Parlamento de Andalucía, el Gobierno de España y las instituciones europeas, las administraciones con competencias o capacidad de interlocución en este asunto.