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La nueva Ley de Montes de Andalucía agiliza la restauración de terrenos afectados por incendios

Redacción 12 noviembre, 2026 5 minutos de lectura

La nueva Ley de Montes de Andalucía incorpora entidades de colaboración para agrupar a pequeños propietarios y exime de presentar planes de restauración en superficies de menos de diez hectáreas.

La nueva Ley de Montes de Andalucía contempla nuevos mecanismos de colaboración entre la Administración y los propietarios privados para acelerar la restauración de terrenos afectados por incendios forestales o plagas. El texto introduce una tramitación conjunta para determinadas actuaciones, simplifica procedimientos y elimina la obligación de presentar planes de restauración en superficies dañadas de menos de diez hectáreas.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, expuso estas medidas durante una intervención en el Pleno del Parlamento andaluz sobre política forestal. La participación de titulares particulares resulta especialmente relevante en la comunidad, donde el 71% de los más de 4,38 millones de hectáreas forestales es de propiedad privada.

La norma crea las denominadas Entidades Selvícolas de Colaboración, a través de las cuales varios pequeños propietarios afectados por un incendio o una plaga podrán organizar conjuntamente trabajos como la retirada de madera y los tratamientos selvícolas. Estas agrupaciones permitirán realizar una tramitación administrativa unificada, aunque las actuaciones continuarán sujetas a control y garantías ambientales.

La ley también prevé medidas relacionadas con el pastoreo preventivo y la ganadería extensiva. Entre ellas figura la bonificación durante un año del precio de los aprovechamientos de pastos en montes públicos cuya titularidad corresponde a la Junta de Andalucía.

Según los datos expuestos por Martínez, unos 3,1 millones de hectáreas forestales andaluzas pertenecen a particulares. La superficie forestal en su conjunto supera la mitad del territorio autonómico, lo que condiciona la gestión de los montes y la ejecución de medidas preventivas o de recuperación tras grandes incendios.

La regulación se complementa con la Adecuación del Plan Forestal de Andalucía Horizonte 2030. Este documento establece las prioridades de planificación para la década, entre ellas la adaptación al cambio climático, la conservación de los ecosistemas y la actividad vinculada a los recursos forestales, mientras que la ley aborda la organización, el uso y la administración de los montes.

Determinados aprovechamientos y modificaciones de la cubierta vegetal incluidos en instrumentos de ordenación previamente aprobados podrán tramitarse mediante comunicaciones previas o declaraciones responsables. Este procedimiento se aplicará a intervenciones que no comprometan la conservación y funcionalidad de los terrenos forestales, entre ellas algunos aprovechamientos maderables de turno corto o de carácter doméstico y menor cuantía.

Las nuevas instrucciones generales para la ordenación de montes fijan, además, requisitos técnicos y contenidos mínimos estandarizados. La Junta también ha adaptado a la legislación vigente el modelo de convenios con los ayuntamientos, que podrán tener una duración máxima de diez años.

Mediante estos acuerdos municipales, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente gestiona más de 517.000 hectáreas pertenecientes a 251 ayuntamientos. Esa extensión representa el 86,52% de la superficie forestal pública de titularidad local en Andalucía.

La digitalización alcanza igualmente a la adjudicación de asentamientos apícolas en montes autonómicos, que incorporará la tramitación telemática. La Administración andaluza desarrolla también el sistema SIGFOR para el control, seguimiento y gestión de las actuaciones forestales, junto al visor estadístico INDIFO y una versión preliminar de BINDIFO destinada a la cumplimentación y tramitación de solicitudes de ayudas.

En el balance presentado ante el Parlamento figuran 18 contratos de tratamientos selvícolas preventivos, con una inversión conjunta de 10,2 millones de euros y actuaciones sobre 2.650 hectáreas. A esos trabajos se suman obras en caminos forestales por 21 millones y en vías pecuarias por otros 17,9 millones, hasta alcanzar un total de 38,9 millones.

Para los montes privados, las ayudas incluidas en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común dispondrán de 44,3 millones de euros procedentes de fondos europeos FEADER para actuaciones forestales no productivas. Las previsiones presupuestarias para 2027 recogen otros 48,8 millones para gestión forestal sostenible, de los cuales 45,66 millones se destinan a prevención y restauración de incendios.

La consejera informó asimismo de dos obras de emergencia vinculadas al incendio forestal de Niebla, con un presupuesto próximo a cinco millones de euros y una superficie total de 2.231 hectáreas. Los trabajos tienen como finalidad reducir la erosión, favorecer la regeneración de la vegetación y reparar infraestructuras dañadas.

La primera fase, declarada el 11 de septiembre y dotada con 3,65 millones, comprende 1.544 hectáreas de los montes Pata del Caballo y Los Carneros, en Escacena del Campo, cerca del límite con Paterna del Campo. La segunda, declarada el 16 de octubre, cuenta con 1,28 millones para 687 hectáreas de los montes públicos Coto de San Felipe, en Niebla, y Madroñalejo, en Aznalcóllar.

Esta última intervención incluye la protección de suelos y cauces, la retirada de árboles con riesgo de caída y la reparación de infraestructuras. La evaluación de los daños comenzó tras la extinción del incendio mediante inspecciones sobre el terreno y el apoyo de satélites y drones. El Consejo de Gobierno declaró la zona desastre natural el 31 de agosto y habilitó medidas urgentes de apoyo por 10,2 millones de euros.

La planificación para 2027 reserva más de 14 millones para continuar la restauración de montes, cauces y terrenos dañados. El plan de apoyo a propietarios afectados incorpora dos millones en ayudas por pérdidas en alcornocales, 500.000 euros para redactar planes de restauración en fincas privadas y una bonificación completa de la matrícula anual de los cotos de caza afectados.