El caso Landaluce enfrenta a PSOE y PP en el pleno de la Diputación de Cádiz

El debate sobre el caso Landaluce provoca interrupciones, llamadas al orden y una advertencia de desalojo durante una moción sobre violencia de género que finalmente se aprueba por unanimidad

El caso Landaluce protagonizó el principal enfrentamiento político del pleno de la Diputación de Cádiz del 21 de octubre. El debate de una moción socialista sobre la independencia y los recursos de los servicios públicos de atención a las víctimas de violencia de género derivó en un cruce de acusaciones entre PSOE y PP por su actuación ante las denuncias contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.

La discusión provocó interrupciones, intervenciones por alusiones y reiteradas llamadas al orden. La presidenta de la institución llegó a advertir sobre un posible desalojo del pleno. Pese al enfrentamiento, la propuesta que había originado el debate fue aprobada por unanimidad.

La diputada socialista Collado defendió inicialmente la necesidad de garantizar la autonomía profesional, la especialización y los medios de las unidades de valoración integral de violencia de género y del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía. También reclamó que la atención llegue a las mujeres de pequeños municipios y a quienes encuentran mayores dificultades para acceder a los recursos públicos.

Desde el PP, la diputada Sánchez Toro adelantó el apoyo a la iniciativa, pero rechazó que se sembraran dudas sobre el funcionamiento de los equipos técnicos. Sostuvo que sus profesionales trabajan con independencia y defendió las actuaciones y el presupuesto de la Junta de Andalucía en esta materia.

Acusaciones sobre la respuesta del PP

En su siguiente intervención, Collado trasladó el debate al caso del alcalde de Algeciras. La diputada acusó al PP de haber mantenido su protección política durante años y cuestionó el trato recibido por las mujeres que habían denunciado los presuntos hechos. En su exposición reconoció que no existía sentencia y se refirió al carácter presunto de las acusaciones.

La representante socialista también interpeló directamente a Paula Conesa sobre su posición y sobre las actuaciones jurídicas que había anunciado anteriormente.

Conesa respondió por alusiones y defendió que la posición de su partido había evolucionado al conocerse denuncias de posibles víctimas. Aseguró que corresponde a la justicia determinar si existe responsabilidad penal y distinguió ese procedimiento de las decisiones políticas adoptadas por los representantes del PP en Algeciras.

La diputada popular sostuvo, además, que su anterior anuncio de acudir a los tribunales respondía a acusaciones formuladas cuando, según su intervención, no existían denuncias que las respaldaran.

Advertencias de Presidencia

El intercambio se desarrolló entre protestas e interrupciones desde ambas bancadas. Presidencia reclamó silencio en varias ocasiones y formuló advertencias ante la continuidad del enfrentamiento.

«¿Tengo que desalojar el pleno, señores?», preguntó la presidenta durante uno de los momentos de mayor tensión. También reiteró las llamadas al orden y pidió expresamente a los integrantes del Grupo Popular que permitieran terminar la intervención de Collado.

Al cerrar la discusión, la presidenta reclamó respeto a ambos grupos, pero también reprochó al PSOE su posición ante otros casos y aludió a Tito Berni, Ábalos y los anteriores gobiernos socialistas de Andalucía.

Esa intervención motivó una protesta posterior del portavoz socialista, Pizarro, al comenzar el siguiente asunto del orden del día. El diputado pidió a la presidenta que ejerciera una función moderadora y le reprochó que añadiera tensión con sus propias referencias políticas. También reclamó que se frenaran las expresiones ofensivas dirigidas a su grupo.

El enfrentamiento no impidió el acuerdo sobre el contenido de la moción. Todos los grupos respaldaron la defensa de unos servicios especializados de atención a las víctimas de violencia de género con independencia técnica, recursos suficientes y una cobertura territorial adecuada.