La Diputación de Cádiz respalda recuperar OCON-Sur y reforzar la lucha contra el narcotráfico

La propuesta para recuperar OCON-Sur sale adelante con el apoyo de PP, IU y La Línea y la abstención del PSOE, que cuestiona el diagnóstico de los populares

La Diputación de Cádiz aprobó en el pleno ordinario del 21 de octubre una propuesta del Partido Popular para reclamar la reactivación de OCON-Sur con mando único y reforzar los medios humanos, materiales y tecnológicos destinados a combatir el narcotráfico. La iniciativa recibió el respaldo de PP, Izquierda Unida y La Línea y la abstención del Grupo Socialista.

El acuerdo pide al Gobierno de España recuperar este dispositivo especializado de la Guardia Civil, incrementar los efectivos en la provincia y declarar zonas de especial singularidad en el litoral andaluz y el cauce del Guadalquivir. Los populares defendieron que la capacidad de las organizaciones criminales exige una respuesta específica y coordinada.

El diputado del PP Ortiz presentó la propuesta y sostuvo que la desaparición de OCON-Sur supuso una pérdida de especialización y capacidad operativa. El PSOE cuestionó esa interpretación y defendió las actuaciones desarrolladas por el Gobierno central contra el narcotráfico.

Petición de una unidad especializada con mando único

Durante su intervención, Ortiz recordó que OCON-Sur se creó en 2018 para intensificar la lucha contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en Andalucía, especialmente en el Campo de Gibraltar.

Para defender su recuperación, el diputado atribuyó al dispositivo más de 22.000 operaciones, más de 12.000 detenciones y la incautación de 1.400 toneladas de droga durante los cuatro años en los que estuvo operativo. También citó decomisos de bienes por valor de 300 millones de euros.

El representante popular utilizó esas cifras para sostener que la unidad había demostrado su eficacia. Criticó la decisión del Ministerio del Interior de desmantelar el dispositivo en 2022 y consideró que no se acompañó de recursos excepcionales suficientes para mantener su capacidad de respuesta.

Según expuso, las organizaciones criminales han diversificado sus rutas y disponen de estructuras internacionales con una elevada capacidad logística, financiera y tecnológica. También alertó sobre la violencia a la que se enfrentan los agentes que trabajan sobre el terreno.

Más efectivos y medios para la provincia

Además de recuperar OCON-Sur, la moción reclama reforzar las plantillas de la Guardia Civil en Cádiz y proporcionar recursos acordes con las características de la actividad delictiva.

Ortiz señaló especialmente las necesidades del litoral, la Costa Noroeste y La Janda. En su exposición mencionó municipios como Barbate, Conil, Vejer y Sanlúcar y trasladó las advertencias de asociaciones profesionales sobre la falta de efectivos.

El diputado sostuvo que existen plazas presupuestadas sin cubrir y defendió que la disponibilidad de personal debe permitir organizar patrullas y garantizar una cobertura suficiente. También planteó mejorar los medios tecnológicos y materiales y revisar la normativa cuando resulte necesario para facilitar la actuación contra las redes criminales.

La declaración de zonas de especial singularidad forma parte de ese conjunto de demandas. Los populares la presentaron como una herramienta para impulsar medidas transversales en los territorios con mayor presión del narcotráfico.

Discrepancias con el PSOE

El portavoz socialista, Pizarro, reprochó al PP que centrara su argumentación en la desaparición de OCON-Sur y cuestionó que esa decisión permitiera describir por sí sola la respuesta del Estado frente al narcotráfico.

Los socialistas defendieron las actuaciones del Gobierno de España y rechazaron el diagnóstico de los populares sobre la evolución de los recursos y la lucha contra estas organizaciones. El intercambio reflejó las diferencias entre ambos grupos sobre el modelo operativo y las responsabilidades del Ministerio del Interior.

La propuesta salió adelante con la abstención del PSOE y el apoyo del resto de los grupos. El acuerdo constituye una reclamación política al Gobierno central: su aprobación no implica la reactivación inmediata de la unidad ni la incorporación de nuevos agentes, decisiones que corresponden a la Administración estatal.