El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la activación del Decreto 277/2023, por el cual se regulan las ayudas para entidades locales que han sufrido daños debido a fenómenos naturales adversos, como la reciente DANA que afectó a varias provincias andaluzas entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre de 2024. Es la primera vez que se pone en marcha este decreto, que permite a los municipios afectados solicitar subvenciones para paliar los daños ocasionados en infraestructuras y servicios públicos.
Una vez que la declaración de situación excepcional sea publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), los ayuntamientos de los municipios afectados tendrán un plazo de diez días para presentar sus solicitudes. Para ello, deberán adjuntar un programa detallado de las actuaciones que planean llevar a cabo, que podrán incluir la reparación, restauración y refuerzo de infraestructuras y bienes de titularidad municipal.
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública será la encargada de dictar las resoluciones de concesión de las ayudas. Estas se abonarán con anterioridad a la justificación de los gastos y en el plazo más breve posible. Las actuaciones subvencionadas incluirán, entre otras, la reparación de caminos rurales y otras infraestructuras de acceso, la restauración de mobiliario urbano dañado, la reposición de servicios esenciales como el abastecimiento de agua potable y la limpieza de vías públicas.
El decreto también prevé que las ayudas puedan destinarse a actividades técnicas necesarias para llevar a cabo las obras, como la redacción de proyectos y la dirección facultativa de las intervenciones. Los ayuntamientos tendrán tres años para ejecutar las actuaciones una vez reciban los fondos y deberán presentar la justificación de los trabajos realizados en un plazo de tres meses después de su finalización.
Estas ayudas forman parte del Plan de Cooperación Municipal y son compatibles con otros recursos que los municipios puedan recibir de otras administraciones públicas o entidades privadas, siempre que el importe total no supere el coste de las actuaciones subvencionadas. El objetivo es asegurar la pronta recuperación de los municipios afectados, restaurando sus infraestructuras y servicios para que puedan continuar con su actividad económica y garantizar la seguridad y bienestar de sus habitantes.