El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido la necesidad de que España adopte una medida universal de prestación por crianza, subrayando la importancia de aumentar la inversión en infancia y familias para combatir la pobreza infantil. Durante su intervención, Bustinduy señaló que España destina solo el 1,5% de su PIB a estas áreas, en contraste con el promedio del 2,4% en la Unión Europea. Este dato coloca a España por debajo de otros países con economías más modestas, como Polonia e Irlanda, que han logrado reducir significativamente sus tasas de pobreza infantil mediante una mayor inversión.
Bustinduy argumentó que una prestación por crianza de carácter universal sería más efectiva para reducir la pobreza infantil, respaldándose en los modelos de países como Alemania, Austria, Holanda, Irlanda, Suecia y Polonia, donde la universalidad ha demostrado ser beneficiosa. «La universalidad de la prestación no solo es más efectiva, sino que también reduce las cargas burocráticas y debería acompañarse de una reforma fiscal progresiva», afirmó el ministro.
El ministro también destacó los retos económicos y de conciliación que enfrentan las familias en España, especialmente las mujeres, quienes continúan asumiendo la mayor parte de las tareas de cuidado. «La principal dificultad para formar una familia en España es económica, pero también de conciliación, especialmente para las mujeres», subrayó Bustinduy. Señaló que diversos informes reflejan que las mujeres siguen soportando la mayor parte de las responsabilidades vinculadas a los cuidados, una situación que contribuye a la brecha de género.
Bustinduy enfatizó la urgencia de reducir esta brecha de género, advirtiendo que sus consecuencias tienen un impacto creciente en la sociedad. Como ejemplo, mencionó el hecho de que cada vez más mujeres se ven obligadas a posponer la maternidad hasta después de los 40 años, convirtiendo a España en el país de la Unión Europea con mayor número de mujeres en esta situación.
El ministro concluyó su intervención destacando la necesidad de adoptar políticas que no solo mejoren las condiciones económicas de las familias, sino que también promuevan una mayor igualdad de género y faciliten la conciliación entre la vida laboral y familiar.