El PP califica de “fraude” la aplicación provisional del acuerdo sobre Gibraltar y exige su ratificación en las Cortes

El Partido Popular critica que la entrada en vigor del acuerdo sobre Gibraltar entre la UE y Reino Unido no haya sido debatida en el Congreso y cuestiona su impacto para el Campo de Gibraltar.

El Partido Popular ha calificado de “fraude” la entrada en vigor provisional del acuerdo sobre Gibraltar suscrito entre la Unión Europea y el Reino Unido, que se aplica desde este 15 de julio, y ha criticado que el texto no haya sido debatido ni ratificado por las Cortes Generales.

En una primera reacción tras la supresión de la Verja contemplada en el acuerdo, fuentes de la dirección nacional del PP han denunciado que se trata de “un sistema sin ningún tipo de aprobación parlamentaria”, al tiempo que han subrayado que el texto tampoco ha sido ratificado aún de forma definitiva por el Parlamento Europeo.

Los populares sostienen que el acuerdo sobre Gibraltar debería haber sido sometido a debate y votación en el Congreso y el Senado, apelando al artículo 94.1 de la Constitución y a lo que consideran una exigencia de control democrático. “Lo que afecta a los españoles lo deben decidir los españoles”, señalan desde la formación.

Según el PP, el Gobierno central ha aceptado que se trate de un acuerdo exclusivamente entre la UE y el Reino Unido, en lugar de un acuerdo mixto con competencias nacionales, lo que, a su juicio, habría obligado a su ratificación parlamentaria en España.

Críticas a la negociación tras el Brexit

La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo también reprocha al Ejecutivo que no haya aprovechado, en su opinión, la “posición de ventaja negociadora” que otorgaba el Brexit a España en relación con la soberanía del Peñón. En este sentido, cuestiona que Reino Unido y Gibraltar puedan obtener ahora “un régimen más favorable” que el que tenían cuando formaban parte de la Unión Europea.

Uno de los aspectos que el PP pone en duda es el relativo a la llamada “prosperidad compartida” entre el Campo de Gibraltar y la colonia británica, uno de los argumentos defendidos por el Gobierno para respaldar el acuerdo. Los populares aseguran que en el texto no se detallan inversiones concretas, programas específicos ni transferencias económicas que respalden ese objetivo.

Asimismo, sostienen que no puede hablarse de prosperidad compartida sin una equiparación fiscal y critican que el acuerdo no incluya medidas que, según su criterio, sirvan para combatir el carácter de paraíso fiscal que atribuyen a Gibraltar. El Gobierno retiró a finales de junio al Peñón de la lista española de territorios considerados paraísos fiscales.

Base militar y controles

El PP también cuestiona que el acuerdo asuma la presencia de la base militar británica situada en el istmo, un espacio cuya soberanía España reclama al considerar que no figura entre los territorios cedidos en el Tratado de Utrecht de 1713. En este contexto, los populares mencionan la llegada y reparación de submarinos nucleares y señalan que los militares británicos y de otros países no estarán sometidos a controles migratorios de la UE.

Además, la formación considera que mientras los intereses británicos y gibraltareños aparecen “muy detallados” en el texto, existen cuestiones que, a su juicio, no están suficientemente concretadas en lo que respecta a España.

Entre las dudas planteadas, el PP menciona la situación de los pescadores españoles, los posibles riesgos medioambientales, el impacto en las pensiones o el funcionamiento de los servicios financieros.

La aplicación provisional del acuerdo sobre Gibraltar marca un nuevo escenario en las relaciones transfronterizas en el Campo de Gibraltar, a la espera de su ratificación definitiva en el ámbito europeo y en medio del debate político sobre su alcance y sus efectos para la comarca gaditana.