El Sindicato de Inquilinas de Cádiz desmiente un acuerdo cerrado con Sareb para Javier de Burgos 19
La organización denuncia la falta de compromiso formal en el realojo de las familias y critica que el anuncio de Sumar “entorpece las negociaciones” con Sareb
El Sindicato de Inquilinas de Cádiz ha desmentido este lunes la existencia de un acuerdo definitivo con Sareb para resolver la situación de las familias residentes en la finca de Javier de Burgos 19, en el barrio de San Juan. La respuesta llega tras el anuncio de la diputada de Sumar, Esther Gil, quien aseguró públicamente que el conflicto estaba solucionado.
Según ha declarado el Sindicato, a día de hoy no existe ningún acuerdo firmado ni se han ofrecido garantías reales de realojo para las vecinas afectadas. Las portavoces del colectivo, María Sánchez y Clara Lamas, han asegurado que el comunicado de Sumar “no solo es falso, sino que además perjudica el proceso de negociación con Sareb”, empresa pública que el Sindicato califica como “otro fondo buitre más”.
El conflicto en Javier de Burgos 19 se remonta a hace varios meses, cuando las familias residentes en el inmueble recibieron notificaciones de desalojo. Tras la negativa del Ayuntamiento de Cádiz a ofrecer alternativas de realojo en la ciudad y ante la imposibilidad de reubicación en San Fernando, la presión vecinal y la movilización organizada lograron abrir una vía directa de negociación con Sareb, según recuerda el Sindicato.
Sin embargo, las vecinas insisten en que “no hemos visto nada por escrito”. Incluso aseguran que las dos viviendas ofrecidas en Cádiz aún no han sido visitadas ni evaluadas por las familias. La portavoz y vecina afectada, Khaoula Ben Kassem, ha reiterado que “ninguna solución será real hasta que haya un compromiso formal, transparente y por escrito”.
El colectivo denuncia además que Sareb mantiene cláusulas abusivas en los contratos de alquiler social ofrecidos en anteriores procesos, una práctica que consideran parte del problema estructural del acceso a la vivienda en la ciudad. Por ello, reclaman realojo garantizado en la finca de origen, con contratos dignos y sin condiciones lesivas para las familias.
“La única salida justa vendrá de la organización popular y la movilización ciudadana”, subrayan desde el Sindicato, señalando que las declaraciones de ciertos partidos políticos “blanquean a una empresa pública que actúa como especuladora”.
El conflicto por el acceso a una vivienda digna en Cádiz, y en concreto en Javier de Burgos 19, se ha convertido en un caso emblemático que pone de relieve la falta de alternativas públicas y el papel de Sareb como actor clave en la gestión del parque de viviendas.
Desde el Sindicato de Inquilinas insisten en que seguirán luchando hasta que se garantice el derecho a la vivienda para todas las familias afectadas y critican que la utilización política del caso puede poner en riesgo los avances conseguidos gracias a la presión colectiva.
