La modificación del Reglamento de Costas en Cádiz, impulsada por el Ministerio para adaptarlo a la normativa europea sobre concesiones en dominio público marítimo-terrestre, genera inquietud en el sector de chiringuitos y establecimientos de playa.
La Asociación de Empresas de la Costa de Cádiz (Aecca) ha pedido al Gobierno central abrir un proceso de diálogo ante la próxima modificación del Reglamento General de Costas, una reforma promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para adaptar la normativa española a la legislación europea sobre concesiones en el dominio público marítimo-terrestre.
El cambio normativo responde a un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España. Bruselas considera que las concesiones para actividades económicas en la costa deben ajustarse a los principios de concurrencia competitiva recogidos en la Directiva de Servicios, lo que implica procesos de selección imparciales y transparentes.
Según ha informado el Ministerio, la reforma introduce un marco organizativo para garantizar que las concesiones destinadas a actividades económicas se otorguen mediante procedimientos abiertos y competitivos, evitando prórrogas automáticas. El objetivo es reforzar la transparencia y la igualdad de oportunidades en la ocupación del litoral.
En la provincia de Cádiz, donde buena parte de la actividad económica vinculada a playas y paseos marítimos depende de este tipo de autorizaciones, el anuncio ha generado preocupación entre los empresarios. Aecca, que agrupa a negocios del litoral gaditano como chiringuitos y establecimientos de ocio, sostiene que en la provincia las concesiones ya se adjudican mediante concurso público.
El presidente de la asociación, Antonio Guerrero, ha señalado que “el 100% de las instalaciones en Cádiz se han ganado en concurso público”, por lo que considera que la modificación del Reglamento de Costas en Cádiz podría afectar a un modelo que, según afirma, ya cumple con los principios de concurrencia.
Desde la organización empresarial se han iniciado contactos con distintos grupos políticos en el Congreso de los Diputados con el objetivo de trasladar su posición y buscar cambios en la tramitación de la norma. Aecca reclama que el sector sea escuchado antes de que la reforma sea aprobada de forma definitiva.
Los empresarios critican no haber sido consultados durante la elaboración del texto. Según Guerrero, la participación del sector en el proceso ha sido inexistente. La asociación sostiene que la futura regulación puede generar inseguridad jurídica para los titulares actuales de concesiones en el litoral gaditano.
En particular, muestran su preocupación por el posible impacto en la continuidad de negocios asentados desde hace años en las playas de la provincia. Aunque el Ministerio ha enmarcado la reforma en la necesidad de cumplir con la normativa comunitaria, Aecca advierte de que cualquier modificación debe respetar los derechos adquiridos y la estabilidad de las empresas que operan legalmente.
La reforma afecta al Reglamento General de Costas, que desarrolla la Ley de Costas y regula el uso y ocupación del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo playas, paseos marítimos y otras zonas litorales. Las concesiones permiten la instalación temporal de servicios como establecimientos de restauración o alquiler de hamacas, entre otros.
En Cádiz, donde el turismo de sol y playa es uno de los principales motores económicos, el sector considera que cualquier cambio en el régimen concesional puede tener repercusiones directas en el empleo y en la actividad empresarial, especialmente de cara a la temporada alta.
Por el momento, el Ministerio mantiene que la modificación es necesaria para dar cumplimiento a las exigencias de la Comisión Europea y evitar sanciones. Mientras tanto, los empresarios gaditanos insisten en la necesidad de abrir una mesa de diálogo que permita introducir matices en la aplicación de la norma en el ámbito local.
La evolución de la modificación del Reglamento de Costas en Cádiz dependerá ahora de su tramitación normativa y de las posibles enmiendas que puedan plantearse en el ámbito parlamentario.
