El ministro del Interior plantea en la cumbre del MED9 que la prohibición de las narcolanchas en Europa refuerce la lucha contra el narcotráfico marítimo, una problemática con especial incidencia en el litoral andaluz.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha propuesto este martes la extensión a toda la Unión Europea de la prohibición de las narcolanchas, una medida vigente en España desde 2018, con el objetivo de reforzar la lucha contra el narcotráfico por vía marítima. La iniciativa fue planteada durante la cumbre del MED9 celebrada en Rovinj (Croacia), que ha reunido a responsables de Interior de nueve países del sur de Europa.
Grande-Marlaska defendió que la prohibición de las narcolanchas en Europa permitiría “desactivar” el uso de estas embarcaciones rápidas, utilizadas habitualmente para el transporte de hachís y otras drogas por el Mediterráneo y el Atlántico. Según expuso, el fenómeno requiere soluciones que superen el ámbito de un solo país.
El ministro planteó que la eventual prohibición comunitaria se extienda también a prácticas asociadas, como el suministro ilegal de combustible en alta mar a este tipo de embarcaciones. Esta operativa es habitual en zonas del litoral sur español, donde las narcolanchas encuentran apoyo logístico para ampliar su autonomía.
La propuesta se abordó en el marco de la cumbre del MED9, una alianza creada en 2013 que agrupa a Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Malta y Portugal. El encuentro, celebrado los días 18 y 19 de mayo, se centró en la gestión de los flujos migratorios irregulares, la protección de las fronteras exteriores y la seguridad marítima, con especial atención al narcotráfico.
La cuestión tiene especial relevancia en la provincia de Cádiz, uno de los principales puntos de entrada de hachís procedente del norte de África y donde las fuerzas de seguridad mantienen desde hace años un dispositivo permanente contra las redes dedicadas al tráfico de drogas por mar. Las narcolanchas, embarcaciones semirrígidas de gran potencia, son una pieza clave en estas rutas.
Durante su intervención, Grande-Marlaska agradeció además las condolencias recibidas por el fallecimiento reciente de dos guardias civiles en Huelva en acto de servicio durante la persecución de una narcolancha. El suceso reabrió el debate sobre la peligrosidad de estas embarcaciones y la necesidad de reforzar los medios contra el narcotráfico marítimo.
El ministro coincidió con sus homólogos en la necesidad de impulsar estrategias de carácter global frente a una amenaza que calificó de transnacional y adaptativa. En este sentido, subrayó la importancia de prestar atención no solo a los grandes puertos, sino también a los puertos secundarios y a los ríos, que pueden ser utilizados como vías alternativas para la introducción y distribución de droga.
Además de la prohibición de las narcolanchas en Europa, España defendió la conveniencia de actuar contra los denominados facilitadores logísticos del narcotráfico. Entre ellos citó el comercio de embarcaciones y motores, el suministro de combustible, los sistemas de comunicación y los mecanismos de financiación. También abogó por seguir el rastro del dinero, incluidos los criptoactivos, como parte de la estrategia contra las organizaciones criminales.
La cumbre concluyó con la adopción de una declaración conjunta en la que los nueve países se comprometen a reforzar la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea y a aplicar el Pacto de Migración y Asilo, que entrará en vigor el próximo 12 de junio. En materia de seguridad interior, los firmantes acordaron fortalecer la protección de los puertos, mejorar el intercambio de inteligencia y promover el uso de tecnologías avanzadas en coordinación con las agencias europeas.
El documento también recoge la necesidad de contar con financiación suficiente por parte de la Unión Europea para afrontar los retos en materia de Interior en la región mediterránea.
La propuesta española abre ahora el debate sobre la posibilidad de armonizar en el ámbito comunitario una normativa que en España se aplica desde hace ocho años y que afecta directamente a la tenencia, producción y distribución de este tipo de embarcaciones. Su eventual extensión al conjunto de la UE podría tener impacto en las rutas del narcotráfico que operan en el Estrecho de Gibraltar y el Golfo de Cádiz.
