Los colegios andaluces no serán espacios libres de amianto, tras rechazar el PSOE, con el apoyo de Ciudadanos, la Proposición No de Ley (PNL) que había presentado a la Cámara andaluza Carmen Molina, diputada en el grupo parlamentario de Podemos y coportavoz de EQUO Andalucía.
En la misma se recogía la necesidad de realizar un inventario del amianto existente en todos los colegios andaluces, tanto el visible como el invisible, y elaborar un calendario de retirada segura con el objetivo de “evitar que nuestros hijos e hijas sigan expuestos a un material que está clasificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud”.
En este sentido, Molina ha recordado que el alumnado pasa una media de cinco horas en los colegios, donde en las últimas décadas este material se ha utilizado “para techar aulas, llevar y depositar agua, o hacer los bajantes de residuales, además de como aislante, para suelos, cortinas, jardineras, pizarras, y hasta lápices”. Los menores son cinco veces más susceptibles de contraer enfermedades del amianto que los adultos en igualdad de circunstancias, por lo que desde el grupo parlamentario insisten en que “urge la puesta en marcha de un plan que garantice la eliminación segura de este material en todos los centros educativos andaluces”.
Sin embargo, tal y como ha explicado la coportavoz de EQUO en Andalucía, “el grupo parlamentario del PSOE en la Junta ha vuelto una vez más a echar balones fuera para no abordar una problemática tan seria como ésta”. Así, la proposición ha sido tumbada con los votos en contra de los socialistas y de Ciudadanos, que “se han escudado en que hay que exigírselo al Gobierno central y no a la Junta, utilizando así su argumento más recurrente”.
En la PNL presentada por el grupo parlamentario de Podemos en la Comisión de Medio Ambiente y defendida por la coportavoz de EQUO Andalucía se establecía una actuación en dos tiempos. En primer lugar, la eliminación “de forma urgente en los colegios que tienen amianto con más de 30 años o estén en peor estado”, para posteriormente promover que “el amianto de todos los centros educativos quede erradicado antes de 2030, fecha en la que se estima que el 87% del amianto instalado ha cumplido 40 o más años y ha llegado al fin de su vida útil”.
La propuesta exigía además al Gobierno andaluz que, más allá de realizar una mera declaración de intenciones, se librasen los presupuestos pertinentes para hacer efectivo este calendario, sin que ello signifique, tal y como ha señalado Molina, “renunciar a exigir a los responsables – empresas que, como Uralita, han dominado la mitad de la producción en España durante este último siglo-, un fondo de desamiantado para cumplir con la máxima de que quien contamina, paga”.
Asimismo, la coportavoz de EQUO instaba a controlar “con los medios pertinentes y garantizando la mayor diligencia exigible” que los residuos vayan a vertederos controlados de acuerdo a la legislación vigente, “con la supervisión de las Administraciones, las AMPAS y los grupos comprometidos”.
El voto en contra de los socialistas y de quienes vienen posibilitando su Gobierno “a golpe de rodillo” impide de este modo que se cumpla una reivindicación histórica de las AMPAS andaluzas, que han reclamado en numerosas ocasiones liberar a los colegios de este material tan dañino. “Parece que para el PSOE-A la salud de nuestros hijos e hijas es una cuestión secundaria, un balón que prefiere poner sobre otro tejado para no asumir su responsabilidad”, ha sentenciado Molina.