FACUA denuncia ante la CNMC retrasos en Correos en Algeciras tras demorarse 11 días un certificado
La asociación pide investigar los retrasos en Correos en Algeciras después de que una resolución administrativa permaneciera sin asignar para reparto entre el 31 de julio y el 11 de agosto
FACUA Cádiz ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la demora sufrida por un envío certificado que permaneció 11 días en la Unidad de Reparto de Algeciras antes de ser entregado. La asociación solicita que se investiguen los retrasos en Correos en Algeciras y se determine si la gestión de este envío incumplió las obligaciones establecidas para el servicio postal universal.
El caso afecta a una comunicación con acuse de recibo remitida por el Instituto Social de la Marina a un socio de FACUA. El envío contenía una resolución administrativa de carácter laboral y llegó a la unidad algecireña el 31 de julio de 2026, pero no fue asignado para su distribución hasta el 11 de agosto, cuando finalmente se entregó a su destinatario.
El afectado presentó una reclamación ante Correos, que respondió el 14 de agosto. Según la documentación incorporada por la asociación a su denuncia, la empresa reconoció que la comunicación había permanecido durante 11 días en la unidad de reparto y calificó lo ocurrido como un “error evidente por nuestra parte”.
Correos indicó además que había solicitado explicaciones a la unidad implicada, aunque no obtuvo una causa concreta sobre la falta de asignación del certificado durante ese periodo. En su contestación mencionó como posibles circunstancias una falta puntual de efectivos, las rotaciones de personal o una acumulación de correspondencia, pero sin identificar ninguna de ellas como el motivo efectivo de la demora, de acuerdo con FACUA.
La reclamación se produce en un contexto de problemas de plantilla denunciados públicamente por las centrales sindicales en la provincia de Cádiz. Según los sindicatos, la mayoría de los centros de trabajo disponen de menos del 50% del personal y existen miles de notificaciones pendientes de reparto. FACUA relaciona esta situación con el riesgo de que se produzcan demoras en comunicaciones dirigidas a los usuarios.
La asociación sostiene que los retrasos pueden tener consecuencias especialmente relevantes cuando afectan a resoluciones y notificaciones administrativas sujetas a plazos. En el caso denunciado, destaca que la demora no se produjo durante el transporte, sino cuando el envío ya se encontraba en la unidad responsable de distribuirlo y continuó sin asignación para reparto.
FACUA ha pedido a la CNMC que reclame a Correos los registros internos completos de trazabilidad y gestión del certificado. La solicitud incluye los eventos de clasificación, custodia y asignación, el puesto de trabajo correspondiente, la salida a reparto, las posibles incidencias y cualquier anotación realizada entre el 31 de julio y el 11 de agosto.
La organización de consumidores también solicita que el organismo regulador determine si los hechos pueden encajar en alguna de las infracciones previstas en la Ley 43/2010, que regula el servicio postal universal, los derechos de los usuarios y el mercado postal. En caso de que la investigación aprecie indicios suficientes, reclama la apertura del correspondiente procedimiento sancionador.
Esta normativa reconoce el derecho de los usuarios a recibir un servicio postal universal de calidad y establece que su prestación debe ajustarse, entre otros, a los principios de continuidad, eficacia y eficiencia. También dispone que las entregas deben efectuarse al menos todos los días laborables, de lunes a viernes, salvo en las circunstancias excepcionales contempladas legalmente.
La denuncia plantea que la CNMC examine si la permanencia del certificado durante 11 días en la unidad de Algeciras resulta compatible con las obligaciones de custodia, gestión, distribución y calidad exigibles a Correos. FACUA reclama asimismo que se garantice la dotación de recursos humanos y materiales necesaria para prestar el servicio postal universal y que las administraciones competentes supervisen su funcionamiento.
